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Acusan a Codelco Andina de estar involucrado en otros siete casos de derrame de materias tóxicas

Distintas asociaciones de salud, medio ambiente y de cultura de la provincia de Los Andes y San Felipe, denunciaron que Codelco Andina ha estado detrás de siete casos de derrame de materias tóxicas durante los últimos años, luego de lo sucedido en el sector alto del río Blanco en la provincia de Los Andes.

Según consignó Agencia Uno, las organizaciones precisaron en un comunicado las veces que la empresa ha causado los mismos problemas.

«Sabemos que la minería sea de carácter nacional o transnacional, pública o privada, es altamente contaminante y nociva para la vida que habita en las proximidades de donde esta se emplace. Y Codelco, no es la excepción, este no es el primer hecho del que somos testigos, entre los años 2011 a la fecha, se han registrado, a lo menos 7 “eventos” de vertido de sustancias tóxicas al ambiente y los cursos de agua en la zona», sostuvieron.

«Ayer vimos con estupor las aguas de nuestro río corriendo con litros y litros de relave minero vertidas directamente sobre la naciente de nuestra cuenca. Situación que nos abruma, pues sabemos que es una de las cosas más graves que le puede suceder a una cuenca afectada por la megaminería, ya que en ellas hay una descarga de químicos nocivos para la población y el ecosistema en el que vivimos», añadieron.

Pese a que desde Codelco precisaron la rotura de la cañería, afirman que no explican detalles de la cantidad de litros de relave fueron arrojados al río, asegurando que «es legitimada por todos los sectores, por ser la ‘empresa del Estado'».

Finalmente, exigieron «que se transparenten los niveles de contaminación y se incorpore un plan para esta catastrófica situación de contaminación, exigimos con ello dimensionar y determinar las responsabilidades del daño ambiental generado», cerraron las organizaciones.

Diputado Longton solicita investigaciones para determinar responsabilidades

Longton manifestó que «creo que es sumamente grave lo que ocurrió. Lamentablemente, nos hemos acostumbrado a tener este tipo de episodios y que después se paguen las multas y no haya ningún tipo de consecuencia. Aquí tienen que haber responsabilidades administrativas de los funcionarios, tienen que existir responsabilidades disciplinarias, no basta con fiscalizar y aplicar multas. En este sentido, destaco el proyecto de delitos ambientales que presentó el Gobierno hace unos días, ya que, gracias a dicha iniciativa, el día de mañana este tipo de hechos podrán llegar a tener penas de cárcel».

«Hoy las multas no son disuasivas y tienen que haber responsabilidades de los personeros de las empresas, porque lamentablemente estos hechos suceden con una frecuencia preocupante para el bienestar no solo del medio ambiente, sino que amenazando además a la salud de las personas»,finalizó el parlamentario.

Diputada Marzán pide explicaciones por derrame

«Voy a solicitar oficios, el primero de ellos a Codelco para que informe acerca del mantenimiento y el estado de sus cañerías y que fue lo que pudo haber producido esta negligencia.  Sabemos que Chile es un país que está altamente contaminado de Arica a Punta Arenas, tenemos zonas mal llamadas de sacrificio y hace poco acabo de ser integrante de la comisión investigadora, justamente por temas de contaminación y de verdad es dramático estar escuchando que en nuestro distrito se sigue cometiendo este tipo de negligencias por parte de estas grandes empresas en desmedro de la salud», sostuvo la diputada Marzán.

Dan por superada emergencia ambiental tras reunión del COE

Gobernador Sergio Salazar remarcó que la reacción oportuna permitió evitar que parte importante del material de relave cayera directamente a las aguas del río Aconcagua y se contuviera a través de canales laterales de la Empresa Colbun,  “ y que coincidentemente opera en el sector en la generación de energía eléctrica con lo que se pudo evitar la contaminación de las aguas, dicho eso podemos indicar que la emergencia está superada y lo que nos corresponde ahora es hacer todo el proceso de fiscalización y control con el ánimo y el objetivo de que este daño ambiental que se ha provocado sea sancionado por la normativa que la legislación entrega y con las máximas sanciones que la ley otorga”.

Asimismo precisó que la Brigada de Delitos Ambientales de la PDI ya inició  un proceso investigativo penal  para determinar responsabilidades, “ pero además está la Superintendencia del Medio Ambiente  analizando también las sanciones que correspondan en esta materia, el Servicio Nacional de Minería (Sernageomin) está haciendo su proceso fiscalizador y  sancionatorio”.

 

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