Dos concejales persisten en solicitar la destitución del alcalde de San Felipe, Patricio Freire Canto, alegando las mismas irregularidades administrativas y monetarias en el municipio que fueron presentadas en las dos denuncias anteriores.
Los ediles ex UDI Christian Beals Campos y Juan Carlos Sabaj, solicitaron al Tribunal Electoral de Valparaíso el 31 de julio de 2019, la revisión de los antecedentes del caso expuestas por la Contraloría, pidiendo la destitución del jefe comunal.
Los concejales acusaron que la autoridad firmó y puso en marcha contratos con empresas por parte del municipio, sin los votos necesarios para que estos se llevasen a cabo, además de la confirmación de la deuda de 1.500 millones de pesos que mantiene la casa edilicia con la empresa luminaria Citelum y que finalmente se pagará en 84 cuotas en un plazo de 7 años.
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Otra situación que critican los concejales -vinculado a falta de probidad, según denuncian- es la posesión por parte del alcalde de un estacionamiento privado, ubicado en un domicilio cercano a la plaza principal que habilitó arbitrariamente como estacionamiento, siendo que no contaba con los pagos al día de la patente ni los permisos correspondientes cumplidos.
También figura la no dictación del decreto de alcaldicio de destitución de administrador municipal ya que según los acusadores el alcalde y presidente del concejo municipal no es parte de concejo y para los concejales independientes el concejo municipal esta integrados por los 6 concejales.
Aconcagua al Día al solicitar su interpretación a los jurista Rafael Almarza y Héctor Pérez de la Pontificia Universidad Católica de Chile señalaron que el artículo 30, de la Ley n° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipal, señala que el cargo de Administrador Municipal es designado por el Alcalde y podrá ser removido por este o por acuerdo de los dos tercios de los concejales en ejercicio.
No obstante, la letra “m” del artículo 63, del citado texto legal, otorga a la autoridad alcaldicia, en lo pertinente, la facultad de convocar y presidir, con derecho a voto, el Concejo.
Además, el inciso final del artículo 86 del mismo texto, indica que “los alcaldes no serán considerados para el cálculo del quórum exigido para que el Concejo pueda sesionar, pero sí en aquel requerido para adoptar acuerdos”.
También se explica que según jurisprudencia reiterada de la Contraloría General de la República, la determinación de la expresión “concejales en ejercicio”, en el marco de lo dispuesto en el citado artículo 30 de la ley N° 18.695, solo cabe remitirse a lo señalado precedentemente, en el sentido que aun cuando el alcalde, en la actualidad, no reviste la calidad de Concejal “debe entenderse incluido para los efectos del cómputo del quórum de que se trata” y se aplica el criterio contenido en el dictamen N° 60.055 del 2015, de la Contraloría General de la República.
Debido a estos antecedentes, el Alcalde Freire se sumó a la votación y los Concejales que buscaban dirimir contra el Administrador Municipal no lograron el porcentaje de dos tercios, o cinco votos, para su remoción, y por ello la Corte Suprema nunca realizo acción alguna tras recurso de protección presentado por los concejales.
Frente a estas acusaciones, el alcalde Freire confía en que las acusaciones no llegarán a ningún puerto y que las críticas apuntan tanto a menoscabar el trabajo del municipio actual como a intereses de cargos políticos futuros por parte de los concejales.
