lunes, junio 1, 2020
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Dictamen de Contraloría ordena invalidar contrato con Citelum

Una larga controversia, que incluyó la presentación de una acusación para destituir al alcalde Patricio Freire, parece haber reflotado en San Felipe, luego que hasta la Contraloría Regional de Valparaíso acudiera una persona, bajo reserva de identidad, solicitando un pronunciamiento acerca de la legalidad del contrato de transacción suscrito entre la Municipalidad y la empresa Citeluz Chile Servicios de Iluminación Urbana S.A., (hoy, Citelum Chile Servicios de Iluminación Urbana S.A.).

Se trata de un largo proceso judicial, donde la entidad edilicia acuerda, con el fin de evitar un eventual litigio, pagar la suma de $1.532 millones ($1.532.708.816), mediante 72 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $21.287.622 cada una, a la referida sociedad contratista, cuya aprobación previa por el Concejo Municipal se contiene en un acuerdo que no cumplió con el quórum de dos tercios exigido en la Orgánica Constitucional de Municipalidades, por tratarse de un contrato cuyos montos a pagar exceden el período alcaldicio.

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La votación que originó el Dictamen de Contraloría

Al respecto, la Municipalidad de San Felipe informó que suscribió una transacción extrajudicial el 21 de agosto de 2018, previa aprobación por la mayoría absoluta del Concejo Municipal, esto es por cuatro votos a favor y tres en contra. Con este acuerdo “no se generan nuevas obligaciones, sino que se trata de aquellas que fueron contraídas en el contrato primitivo ya autorizado, razón por la cual no se requiere de una nueva aprobación por quórum especial”, aseguraron.

En una fiscalización previa, la Contraloría Regional de Valparaíso consignó que la liquidación parcial del contrato implicaba una modificación a lo pactado y una infracción a los principios de estricta sujeción a las bases del concurso y de igualdad de los oferentes y que resultaba imposible verificar si la propuesta de transacción protegía los intereses del municipio, por falta de antecedentes.

El contrato del Dictamen de Contraloría

Respecto al pago de los $1.532 millones que el municipio debía pagar a la empresa contratista en 72 cuotas mensuales, Contraloría indica que no se han acompañado antecedentes suficientes donde se aprecie la forma en que se determinó el monto a pagar, ni tampoco se especifican los trabajos y servicios que se remuneran y que se dan por cumplidos por parte de la empresa contratista, ni comprobantes de los pagos que, en su oportunidad, habría efectuado el municipio.

Por este motivo, la unidad municipal a cargo de la inspección técnica del contrato deberá remitir un informe que detalle las obras y servicios efectivamente ejecutados y los que faltaron por ejecutar, así como de aquellos que no fueron prestados, o bien, lo fueron tardíamente, y de los pagos efectuados por el municipio durante la ejecución del contrato, junto con indicar las multas cursadas al contratista y pagadas por éste, si procediere. Todo ello, con el fin de verificar si la propuesta de transacción protege los intereses del municipio.

Finalmente, la Contraloría General de la República recordó que los órganos de la Administración se encuentran en el imperativo de proporcionar a este ente contralor la información que les requiera, pudiendo comprometerse la responsabilidad administrativa del funcionario encargado de su materialización en caso de no evacuarlo.

Declaración Municipalidad por dictamen de Contraloría

Frente al dictamen de la Contraloría que ordena invalidar contrato con Citelum, la Municipalidad de San Felipe declara:

  • Que este es un tema netamente administrativo que todavía se encuentra en tramitación, por lo que resulta lamentable para la comuna que se vincule, a nivel nacional, con una investigación criminal.

  • El tema de Citelum fue ampliamente revisado por Contraloría en su momento, entidad que señaló que no existe irregularidad alguna.

  • El contrato y las bases son de la administración anterior, documento que contenía varios errores, los que debieron ser mejorados por esta gestión alcaldicia.

  • Esta administración tomó conocimiento extraoficial del dictamen que señala que la Municipalidad tendría que comenzar un procedimiento de invalidación del decreto que aprobó el Concejo Municipal, el que fue adoptado en el año 2018.

  • Sobre la eventual ilegalidad del acuerdo adoptado en junio de ese año, se aclara que la misma Contraloría comunicó, en documento anterior, que era solo necesario cuatro votos y no cinco.

  • Esta gestión evalúa la presentación de un recurso de reconsideración ante esta instancia o un recurso jerárquico ante la Contraloría General de la República.

  • Esta situación nace de un contrato de mantención de recambio de luminarias celebrado el año 2012, el que debido a su excesivo precio fue modificado y rebajado en un 30% por la actual administración.

  • El referido contrato manifestó problemas en su correcto cumplimiento, porque dicho recambio debía acreditar el ahorro energético que significaba el cambio a tecnología led, acreditado el 2017 y parte del 2018, por ende, el municipio se abstuvo de efectuar todo tipo de pago, el que debía realizarse desde el año 2012.

  • Dado lo anterior, se produjo una deuda de arrastre y, por tanto, al tratarse de un trabajo ya realizado por la empresa, la municipalidad debía obligatoriamente pagar, en razón a esto, y para dar correcto termino, se realizó un contrato de transacción con la empresa para regularizarlo, lo que en definitiva fue votado por el Concejo Municipal.

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