Magistrados de la Corte de Apelaciones de Valparaíso resolvieron decretar el pago de una indemnización de $200 millones a la familia del trabajador minero Luis Guillermo Beiza Navarro, quien el 6 de junio de 2013 fue encontrado muerto al interior de un calabozo de la Subcomisaría de Carabineros de la comuna de Llay Llay horas después de haber sido detenido, hecho que fue establecido como un suicidio.minero
La determinación fue adoptada al finalizar el juicio civil que se siguió luego de la demanda que en su oportunidad presentó la abogado Loreto Allendes en representación de la familia del fallecido, recurso judicial en el que argumentó daño moral, económico y psicológico,
[ También te puede interesar Leer ]: Alerta Temprana Preventiva para provincias de San Felipe y Los Andes, y comunas de Petorca y Cabildo por tormentas eléctricas. Medida se extiende a la Región de Coquimbo
Conforme a los antecedentes, los hechos se iniciaron cuando en la noche Luis Beiza Navarro concurría en compañía de un amigo y la esposa de este último a un domicilio para participar de un asado, cuando fue detenido por funcionarios de Carabineros a raíz de una presunta denuncia anónima que lo sindicaban como la persona que se encontraba vendiendo droga en una esquina y que fue arrestado luego que le habrían encontrado alucinógeno, según se consignó el parte policial.minero
Se agrega en la nota de la emisora, a través de su sitio web, que informado el fiscal jefe de San Felipe, Eduardo Fajardo, quien se encontraba de turno esa noche, instruyó que luego del respectivo procedimiento policial el trabajador quedara apercibido para presentarse a una audiencia dentro de la misma semana y a continuación fuera dejado en libertad.
Dicha disposición habría sido desobedecida por el personal policial y mantuvieron al hombre al interior del calabozo donde dos horas después fue encontrado sin vida.
Se indica que en el sumario de la Fiscalía Militar se pudo conocer que nunca hubo una denuncia anónima contra el minero y que tampoco se acreditó que portaba droga, sancionándose a carabineros por falsificar la lista de pertenencias del hombre y la firma de lectura de derechos del detenido.
“Tomó la determinación de quitarse la vida”
Respecto a la causa del deceso, la Brigada de Homicidios de la PDI Los Andes confirmó que no hubo intervención de terceros en la muerte de Luis Beiza Navarro, “ya que lo que se observa, conforme a los peritajes realizados en el lugar, conforman una línea investigativa respecto a que esta persona es la que tomó la determinación de quitarse la vida (por la vía del ahorcamiento)”, indicó el entonces jefe de la unidad especializada, subcomisario Carlos Alegría, quien agregó que “hay concordancia con el vínculo y soporte”.
No tenía su corazón
Por su parte, en la nota de Radio Bío Bío más adelante se hace mención a la realización de una segunda autopsia que fue solicitada por la familia, ocasión en que se descubre que el cuerpo había sido sepultado sin su corazón y por lo que no se pudo establecer fehacientemente su muerte.
A raíz de este hecho -se hace presente en el artículo- que el entonces director del Servicio Médico Legal de San Felipe, Dr. Gastón Donckaster Clavero, fue formalizado por falsificación y mal uso de instrumento público.
“Era imposible acreditar que lo habían asesinado”
Entrevistada por el medio regional la abogado Loreto Allendes, indicó que los carabineros se protegieron entre ellos, por lo que nunca comprometieron a la viuda averiguar la verdad de la causa, pero sí presentaron demandas por el accionar del personal policial.
“Para nosotros era imposible acreditar que lo habían asesinado, no teníamos la prueba, no había testigo, los carabineros se encubrieron unos con otros. Sí podíamos demandar por la falta de vigilancia del detenido, precisamente para evitar circunstancias como esta”.
Acotó que el jefe de hogar era el principal ingreso de la familia, dejando de percibir cerca de un millón de pesos, además de que la viuda de Beiza sufrió una depresión producto del hecho.
Se hace presente que inicialmente se había aprobado por el Juzgado de San Felipe una indemnización de $40 millones, pero que se acudió a la Corte de Apelaciones debido a que dicha cifra fue considerada baja.
“Estaba recién pagado”
Bío Bío también entrevistó a la esposa del trabajador minero, Teresa Rojas, quien fue categórica en sostener que la indemnización nunca reparará el daño causado, indicando que la suma de dinero que portaba en esa ocasión su marido sería un factor clave para entender lo acontecido.
“Mi perspectiva de los hechos, fue que él llevara dinero encima y lo perdió. Ahí el marcó su muerte, porque se supone que él iba con un matrimonio y resulta que él fue el primero que sacó sus documentos, su carné de identidad. Ahí el esposo de la otra señora dijo que se le había visto un buen fajo de billetes que llevaba mi marido, que estaba recién pagado”, narró la cónyuge.
[ También te puede interesar Leer ]: Nuestro medio asociado El Quijote de Marga Marga
Finalmente, en la información se señala que la defensa de la familia apuntó que todas las personas involucradas y que fueron sancionadas por Carabineros se les reincorporó en la institución, ya sea en la misma zona o al bien siendo trasladados a distintos puntos del país.
