Una auditoría de Contraloría realizada al Gobierno Regional (Gore) sobre los proyectos con cargo al Fondo Regional de Iniciativa Local (Fril), que son parte de la glosa de «Inversión Regional» a la cual pueden postular los municipios, dio cuenta de una serie de deficiencias y «falta de rigurosidad» en la supervisión y control de los mismos, así como también incumplimiento de las funciones y atribuciones que dicha entidad debe ejercer en las iniciativas.
Por tal motivo, el órgano contralor instruyó al Gore «ordenar un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades involucradas de los funcionarios».
El Informe Final N° 478 de 2019, evacuado la semana pasada por parte del ente fiscalizador, auditó los proyectos financiados a través de esta partida (subtítulo 33) con cargo al FNDR, entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018.
Junto con cuestionar que durante los tres años auditados el Gore no realizó visitas a terreno a los proyectos Fril ejecutados en distintas comunas de la región, lo que denota «falta de rigurosidad y control», se detectaron pagos de obras que no estaban terminadas, deficiencias constructivas, falta de permisos de edificación para algunas iniciativas y que se dejó sin sanción el retraso en el término de trabajos en las comunas de Los Andes, Putaendo, Algarrobo y Quintero.
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Responsabilidades en Proyectos
Cabe consignar que la Contraloría Regional justificó la auditoría a los recursos asignados al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), en su componente Fondo Regional de Iniciativa Local (Fril), el cual considera la participación vinculante de la comunidad organizada de las comunas para la selección de proyectos urbanos. «De ahí la importancia que el Gore, en su calidad de ente financiador, y los municipios, como organismos ejecutores, efectúen las acciones tendientes a concretar los proyectos priorizados de forma eficiente y oportuna», detalló en el informe.
Respecto a las fallas administrativas detectadas en el proceso de fiscalización de estos proyectos, el intendente Jorge Martínez confirmó que se instruyó un sumario administrativo para determinar posibles responsabilidades y también que en el presupuesto 2020 se incorpora el aumento de la dotación de fiscalizadores.
«Acogemos las observaciones realizadas por la Contraloría Regional. Hemos instruido un sumario administrativo por las eventuales responsabilidades de funcionarios. Asimismo, antes de esta auditoría, en la formulación del presupuesto 2020 incorporamos el aumento de la dotación de fiscalizadores, con la finalidad de fortalecer la labor de supervisión y control del Gobierno Regional», subrayó la autoridad.
Conclusiones
Dentro de sus conclusiones, la Contraloría detectó en sus visitas a terreno que el Gore realizó pagos de obras que no estaban concluidas, toda vez que «la transferencia de recursos de cada proyecto debía estar sujeta al avance efectivo de los mismos».
Dentro de los proyectos cuestionados en esta materia, donde los municipios participan como unidad técnica, se cuenta el «Mejoramiento del Parque Urbano Skatepark» de Los Andes; «Construcción de sede social Tabolango» de Santa María;
y construcción de servicios higiénicos de Parque El Llamo y Puente Cimbra, en Putaendo.
Otra falencia por la mala fiscalización de Gore a proyectos financiados con recursos fiscales da cuenta que la entidad regional «no implementó acciones para exigir a los municipios evaluar, calcular, informar y cursar sanciones», producto del atraso en el término de las obras «Mejoramiento Parque Urbano Skatepark» en Los Andes; «Construcción Extensión Red de Agua Potable Alejandrina Carvajal, Putaendo»; «Construcción Clínica Comunal de Atención Primaria Animal, Los Andes»; lo que no se ajusta a las cláusulas contempladas en los convenios de transferencia.
Deficiencias
También se detectó en la falta de fiscalización que «diversas deficiencias de índole constructivo que no generaron medida alguna por parte del Gore, en orden a repararlas o mitigar sus riesgos», lo que supone un «incumplimiento de las facultades de supervisión de dicho organismo». Tal es el caso en un proyecto de construcción de ciclovía en Calle Larga; la construcción de muros de contención en Cabildo y la pavimentación de la calle Vergara, en Concón.
Por último, se cuestiona que «el Gore no advirtió, ordenó ni dictó instrucciones para regularizar la falta de permisos de edificación, ocupación de bienes nacionales de uso público, ocupación de la faja vial y rotura de veredas, todos ellos necesarios para la ejecución de los proyectos», según disponen los convenios de transferencia y normativa vigente.
Durante el periodo auditado se identificaron 271 proyectos ejecutados, a los que el Gore les otorgó asignaciones por $ 12.797 millones. De este grupo se seleccionaron 53 proyectos de diversas comunas, de los cuales 24 estaban sin recepción provisoria, con asignaciones por $ 1.404 millones.
También se seleccionaron 29 proyectos con recepción provisoria, por un monto de $ 1.028 millones.
