El abogado Alberto Núñez Ponce, candidato a Senador por Valparaíso, decidió dar lo que llamó “la primera pelea correcta” y se querelló este jueves 21 de septiembre contra todos los que resulten responsables en el Consejo Nacional del PPD por “falsificación ideológica de instrumento público y uso malicioso de instrumento falso” y contra aquéllos que sean co-autores, cómplices y encubridores del presunto delito. La acción incluye a los candidatos del PPD al Parlamento en las próximas elecciones de noviembre. Núñez Ponce la dirige también contra el Subdirector de Partidos Políticos del Servicio Electoral, Roberto Salim-Hanna, que no admitió la denuncia administrativa y estar ncubriendo el supuesto ilícito.
La querella de Núñez Ponce apunta a que el Ministerio Público inicie una investigación de los ilícitos mencionados porque existe sospecha de que miles de personas aún figuran hoy en los registros de militantes del PPD sin haber jamás firmado el registro de militancia. Son militantes fabricados.
HISTORIA CONOCIDA, PERO NO INVESTIGADA
Según explicó el abogado, antes de inscribir su candidatura al Senado, solicitó su certificado de afiliación al SERVEL y detectó con sorpresa que figuraba como militante del PPD desde el 10 de marzo de 1988 sinhaberse jamás inscrito ni menos firmado los registros.
Núñez Ponce acudió personalmente a la sede central en Santiago del PPD a exigir que le mostraran los registros donde se supone estaría su firma, pero un funcionario de la tienda le informó que no los tenían, que el contexto de aquella época era muy complejo por lo que los registros de militantes no se hicieron, “se mandaron listas así no más” al Registro Electoral de 1988. Ante su exigencia le propusieron que “renunciara al Partido” pero éste se negó “porque no voy a renunciar a algo de lo que jamás formé parte” y entonces ofrecieron anular los datos y pedirle al Servel la anulación del duplicado.
“La forma como actuó el Consejo Directivo del PPD contravino sus propios estatutos vigentes a 1998, que exigían se cumplieran 3 pasos para toda afiliación: solicitud formal de cada persona para ingresar (ante el Presidente del Consejo Comunal del domicilio del Interesado); aceptación por parte del PPD y, lo más importante, la firma del interesado en los Registros del Partido”, explicó el abogado.
La Ley 18.603, en la versión que regía al momento de formación del PPD, establecía que los partidos políticos existirían legalmente una vez que se hubiese fichado efectivamente a un cierto número de chilenos comomilitantes. Esto no se habría cumplido, según el candidato, porque el partido nunca formalizó un registro de militantes con las firmas de los aceptados como tales, indispensable para cumplir el tercer paso de ingreso formal a la tienda.
“Sospecho, a raíz de mi caso y la inexistencia del registro de militantes, que debe haber miles de personas que tal vez pudieron haber firmado una solicitud de ingreso al PPD de manera informal en la vía pública, pero que jamás firmaron un registro formal de ingreso como militantes”, sostiene Alberto Núñez. “Cuando solicité que se verificara si el PPD cumplió con el número de firmas impuesto por el refichaje, el Subdirector de Partidos Políticos del SERVEL no hizo nada. Archivó la denuncia, con lo que echó por tierra investigar de estos graves hechos de falsificación y avisó de esto solo una vez que ya estaban aceptadas las candidaturas del PPD”.
El abogado recuerda que el PPD solo tenía poco más de 5 mil militantes refichados, que en su gran mayoría eran nuevos militantes, a 37 días de que venciera el plazo para reinscribir al partido en el SERVEL y que fue el que más presionó para que las colectividades tradicionales pudieran recolectar o ratificar firmas a través de un sistema online más cómodo, sin que tuvieran que ir las personas a la notaria, sino solo enviando listas nuevamente. “¿Por qué el SERVEL se niega a confirmar que las firmas que el PPD presentó son legítimas?”, pregunta Núñez.
