Casi dos meses en prisión preventiva debió pasar un obrero agrícola a quien injustamente el Ministerio Público le imputó el delito de robo en lugar habito y que tras una investigación de cerca de un año se logró establecer que no había tenido participación en el hecho.
Este caso fue presentado por la Defensoría Penal Pública de la Quinta Región al “Proyecto Inocentes”, instancia que justamente busca dar a conocer a la opinión pública aquellos casos de la justicia penal en que personas fueron acusadas y quedaron privados de libertad por delitos que no cometieron.
El Proyecto Inocentes surge como una idea de la Defensoría Penal Pública que, inspirada en trabajos realizados por organizaciones como Innocence Project (Proyecto Inocencia) de Estados Unidos, busca imponer nuevos desafíos para mejorar ciertas prácticas, hábitos y rutinas de trabajo de los principales actores del sistema de justicia.
Ante esto la Defensoría Penal Pública debe estar alerta respecto de los problemas que les ocurren a los imputados, en tanto han sido sujetos de persecución penal y -en el caso del Proyecto Inocentes- cuando se les imputa la comisión de un delito y luego se comprueba su inocencia. Esto es, cuando efectivamente la persona no participó en el hecho, ya sea porque existió una prueba que lo exculpa o por que otra persona confiesa que lo ha cometido.
El Defensor Regional de Valparaíso, abogado Claudio Pérez García, señaló “que recientemente postulamos este caso al Comité Editorial del Proyecto Inocentes, porque reúne los requisitos establecidos, como que nuestro representado durante la fase de investigación estuvo en prisión preventiva casi dos meses y finalmente fue sobreseído, porque no tuvo ninguna participación en los hechos investigados».
Agregó que «es el primer caso de Los Andes que hemos postulado. Esta situación demuestra que «la prisión preventiva es una suerte de pena anticipada, a lo cual nos oponemos, porque esta cautelar debería aplicarse como última medida y en casos realmente justificados. Por esto, es fundamental que todos respetemos el principio de inocencia de todas las personas».
Estas son las situaciones que la Defensoría Penal Pública quiere mostrarle a las autoridades y a la sociedad, a través de casos concretos ocurridos en nuestro país, para explicar que el sistema de justicia puede cometer errores y que es necesario corregir algunas situaciones puntuales en los procesos investigativos.
Imputado por robo en lugar habitado.
El caso presentado a “Proyecto Inocentes” por parte de la Defensoría Regional corresponde al del obrero agrícola José Antonio Núñez Arce, quien de acuerdo las indagaciones de la fiscalía perpetró un robo en lugar habitado en un predio agrícola de la comuna de San Esteban la noche del 15 abril de 2017.
Según el Ministerio Público, a eso de las 23 horas de ese día, el imputado Núñez Arce ingresó mediante escalamiento al predio de propiedad de G. C. C. que está ubicado en Las Bandurrias s/n de la comuna de San Esteban.
Conforme al parte de carabineros y la fijación fotográfica, “lo habría hecho saltando un muro que divide el referido domicilio desde el exterior, el cual habría hecho mediante escalamiento, por lo que se fija por parte de carabineros la muralla principal y parte de acceso de ingreso del imputado”.
Luego-según la fiscalía- el imputado se dirige hasta la casa habitación, “en el cual con algún objeto contundente fuerza y logra abrir la puerta principal sin causar daños en la misma y desde el interior del domicilio sustrae una CPU que mantenía la víctima en el living”.
La víctima escucha los ruidos que provoca el imputado, saliendo hasta el living comedor y se percata que éste se encontraba al interior del domicilio, “huyendo desde el lugar en dirección al portón principal, el cual había abierto siendo seguido por la víctima. En esos momentos va pasando carabineros por fuera, quienes efectuaban un patrullaje, ven salir al imputado con la especie en sus manos, quién lanza la especie al suelo, procediéndose a su detención”, refiere el parte policial consignado por la fiscalía.
En la audiencia de control de detención donde el Ministerio Público pidió la prisión preventiva, el Defensor Público Carlos Gutiérrez, cuestionó los antecedentes señalados en el parte por Carabineros , asegurando que la misma víctima indicó que en otras ocasiones le habían ingresado a robar frutos por el costado de un estero y que no había daños.
Agregó que su representado era una persona que vivía en un ruco en la calle y que Carabineros lo había despertado, por lo que la teoría de la Fiscalía no se podía acreditar y el delito sería solo un hurto simple frustrado, calificando la medida cautelar solicitada por la fiscalía de desproporcionada.
A pesar de ello, en esa ocasión la magistrado suplente del Tribunal de Garantía de Los Andes, Gabriela Aliste Sunkel consideró suficientemente acreditado el delito y la participación del imputado, por lo que su libertad representaba un peligro para la seguridad de la sociedad y decretó su ingreso a prisión preventiva.
El obrero estuvo en prisión preventiva hasta el mes de junio de 2017, fecha en que se revocó la medida cautelar de prisión preventiva, no obstante que la investigación siguió adelante.
De esta forma, el Ministerio Público logró establecer que hubo colusión entre la víctima con el funcionario de Carabineros a cargo del procedimiento, razón por la cual el 20 de febrero de este año la fiscalía sobreseyó definitivamente la causa en contra de Núñez Arce por no haberse acreditado su participación en el hecho.
Es más, ese mismo día la fiscalía formalizó al dueño del predio por el delito de obstrucción a la investigación previsto y sancionado en el artículo 269 Bis del código penal.
Asimismo, al funcionario de Carabineros a cargo del procedimiento se le imputó el delito de falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación en calidad de autor.
Es por ello que el hombre estuvo privado de libertad por casi dos meses por un delito que no cometió, razón por la cual la Defensoría presentó su caso a “Proyecto Inocentes”.
La idea de dar a conocer este caso es permitir que las personas injustamente involucradas en estos casos cuenten con un lugar de reconocimiento permanente y público sobre su inocencia, reconocimiento que era inexistente en nuestro país hasta antes de la creación de esta iniciativa.
