El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, restó importancia a la polémica generada por los contactos que tuvieron el fiscal nacional, Ángel Valencia, y la persecutora regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, con el abogado Luis Hermosilla, uno de los principales imputados en el bullado caso audios.
Fue el abogado Juan Pablo Hermosilla -que representa a su hermano en la indagatoria- quien sostuvo que «fiscales de la causa tuvieron conversaciones mediante WhatsApp» con el también jurista, lo cual fue aclarado tanto por la Fiscalía Metropolitana Oriente como por el jefe del Ministerio Público.
En entrevista con El Diario de Cooperativa, Bravo analizó la situación este sábado y aseguró que «en términos generales, las comunicaciones entre fiscales y abogados son algo completamente normal y frecuente, porque evidentemente nosotros tenemos una relación profesional con abogados defensores y querellantes».
«Estos se comunican con los fiscales a través de llamadas telefónicas, entrevistas presenciales o también por WhatsApp. En estas comunicaciones se habla del contenido, de las diligencias que se solicitan, del avance de las investigaciones, y eso no tiene nada de irregular», detalló el líder de la Asociación de Fiscales.
De todas maneras, afirmó que dichas comunicaciones deben necesariamente estar «dentro del marco de lo que es la ley, la Constitución, las instrucciones de carácter general que dicta la Fiscalía Nacional y los criterios de actuación de los fiscales regionales».
«El inconveniente surge cuando hay algún tipo de comunicación o relación que salga de ese tipo de contenido y, naturalmente, vulnere o choque con esos lineamientos a los cuales los fiscales estamos obligados. Eso sí que es problemático y podría generar algún tipo de responsabilidad administrativa y eventualmente también de carácter penal», puntualizó Bravo.
Situación de Valencia y Parra
Asimismo, respecto de los casos de Valencia y Parra, defendió en Cooperativa que ambos explicaron la situación y reconocieron la comunicación con Hermosilla, la que no tiene relación e injerencia con las indagatorias por el caso audio.
«Esas comunicaciones se reconocen, en el caso del fiscal nacional, la última comunicación fue en julio del 2022, bastante tiempo antes, incluso antes de la campaña propiamente tal (para ocupar su actual cargo)», detalló el persecutor de la Zona Metropolitana Centro Norte.
Mientras que «en el caso de la fiscal Parra, ella también reconoce contactos con el señor Hermosilla, pero dieron una explicación», por lo que, aunque «estas cosas generan inquietud al interior del gremio, esas explicaciones no tenemos por qué ponerlas en tela de juicio ni dudar de ellas».
«Insisto, siempre y cuando todas estas comunicaciones estén dentro del marco de la ley, de la Constitución y de lo que nuestras instrucciones generales nos mandan como fiscales dentro de una organización jerarquizada, no hay ningún tipo de reproche», cerró Bravo.