El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Andes ha dictado una condena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo a una funcionaria de Carabineros, identificada como Cabo 2° S.J.G.M., por apremios ilegítimos en contra de una estudiante de cuarto medio. Este hecho, ocurrido durante las protestas del estallido social en Chile, se remonta al 20 de noviembre de 2019.
Los magistrados Cristián Cáceres, Alessandra Tubino y Carlos Muñoz fallaron en base a las pruebas presentadas por el Ministerio Público, que documentaron cómo, tras un ataque con piedras y objetos contundentes a la Tercera Comisaría de Carabineros, se produjo la detención de varias personas, entre ellas la víctima, que en aquel momento contaba con 18 años.
Durante su arresto, la estudiante fue llevada a la Comisaría, donde la acusada ordenó que se desnudara y la sometió a burlas sobre su cuerpo. Además, la obligó a realizar sentadillas mientras continuaba con los comentarios despectivos. Al día siguiente, la joven se presentó en el Juzgado de Garantía de Los Andes, donde denunció el abuso, lo que llevó al Instituto Nacional de Derechos Humanos a presentar una querella por torturas en su contra.
El proceso judicial se extendió por casi cuatro años, y finalmente, el fiscal jefe Ricardo Reinoso Varas llevó el caso a juicio. A pesar de que se solicitó una pena de cuatro años de presidio, el tribunal decidió aplicar una sentencia de 61 días, considerando atenuantes a favor de la condenada.
Adicionalmente, se le impuso una suspensión de cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, aunque el tribunal le otorgó una remisión condicional por un año, lo que implica el control mensual de su firma ante el Centro de Reinserción Social de Gendarmería. Asimismo, deberá asumir las costas procesales del juicio.
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Esta sentencia por Apremios Ilegítimos se convierte en un capítulo significativo en la lucha por los derechos humanos en el país, marcando un precedente en la rendición de cuentas de las fuerzas de orden durante un momento crítico de la historia chilena. La comunidad espera que este fallo sirva como un llamado a la reflexión y al respeto de los derechos de todos los ciudadanos, especialmente en contextos de protesta.
