El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Andes condenó a L.A.A.C. (51 años) a 10 años de presidio mayor en su grado medio y a la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, así como para el ejercicio de profesiones titulares, tras un terrible episodio de violencia de género en el que roció a su expareja con bencina con la intención de quemarla viva.
El violento suceso, ocurrido la madrugada del 26 de enero de 2023, comenzó cuando L.A.A.C. llamó a su expareja pidiéndole que le llevara alimentos, a pesar de que la mujer había abandonado el hogar común en noviembre del año anterior debido a agresiones verbales y amenazas de muerte. Al llegar, la mujer preparó una cena para él, pero la situación se deterioró rápidamente cuando le solicitó que bajara el volumen de la música que él escuchaba.
En medio de una acalorada discusión, L.A.A.C. comenzó a insultarla, amenazándola de muerte y atacándola físicamente. Según la denuncia, el atacante la tomó fuertemente, golpeándola en la cara y el cuerpo. La mujer, desesperada, pidió ayuda a los vecinos a través de una ventana, pero la situación se volvió más grave cuando el hombre salió al patio, regresó con un bidón de parafina y comenzó a rociar el líquido inflamable sobre ella y sobre sí mismo, mientras profería amenazas de muerte.
En un momento crítico, la víctima logró zafarse y, buscando un balde con agua, logró apagar el inicio de incendio. Al ver frustradas sus amenazas, L.A.A.C. se retiró a su habitación y se quedó dormido, lo que permitió a la mujer escapar y buscar ayuda.
Los Carabineros llegaron al lugar tras recibir la alarma de la víctima y encontraron al agresor en estado de ebriedad, procediendo a su detención en flagrancia. La investigación dirigida por el fiscal adjunto Jorge Alfaro Figueroa demostró la culpabilidad del acusado en el delito de femicidio íntimo frustrado.
En el juicio, el tribunal, compuesto por los magistrados Carlos Muñoz Iturriaga, Cristián Cáceres Castro y Alessandra Tubino Tassara, resolvió condenar al agresor a 10 años de prisión efectiva, sin derecho a beneficios extramuros, y ordenó la incorporación de su huella genética al registro nacional de ADN de condenados por crímenes.
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Este caso subraya la alarmante realidad de la violencia de género en la sociedad y la necesidad de actuar con urgencia para proteger a las víctimas.
