En una audiencia llevada a cabo hoy en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, se formalizó la causa contra seis exfuncionarios de la Sección OS7 de Aconcagua, San Felipe, por delitos graves, incluyendo tráfico ilícito de drogas, obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público y receptación, entre otros. El tribunal decidió imponer prisión preventiva a cuatro de ellos, mientras que los otros dos no recibieron esta medida cautelar, lo que será revisado en las próximas horas por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Durante la audiencia, el Fiscal Adjunto del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Valparaíso, Maximiliano Krause-Leiton, detalló que la investigación se sustentó en técnicas sofisticadas que permitieron interceptar conversaciones de los ex funcionarios policiales implicados. Krause-Leiton subrayó que estos carabineros incurrían en diversas conductas delictivas, destacando la implementación de técnicas de investigación no autorizadas.
El fiscal explicó que, según la Ley 20.000, adquirir drogas o sustancias controladas sin la debida autorización es un delito, siendo la única excepción bajo vigilancia de un fiscal del Ministerio Público durante una investigación penal. Sin embargo, en este caso, los funcionarios, con amplia formación y experiencia en el área, llevaron a cabo estas acciones de manera sistemática, encargando a personas en situación de calle la compra de drogas. Posteriormente, ellos recibían las sustancias ilícitas para luego informar de estas gestiones al fiscal, ocultando sus acciones y evitando la detención de los intermediarios.
Krause-Leiton enfatizó que “la investigación, lejos de mostrar un error, reveló un patrón de conducta delictiva, donde en al menos diez ocasiones los ex carabineros actuaron sin la debida autorización, ignorando la legalidad en el proceso”.
El Modus Operandi de Exfuncionarios
Un escándalo de corrupción dentro de Carabineros ha salido a la luz, revelando un complejo sistema de delitos orquestado por seis exfuncionarios policiales de la Sección OS7 de San Felipe. La investigación ha desvelado un modus operandi que se basaba en manipulación, robo y abuso de autoridad, lo que ha generado un gran impacto en la comunidad y en la fuerza policial.
Según el Fiscal Adjunto del Sistema de Análisis Criminal, Maximiliano Krause-Leiton, los carabineros habitualmente informaban al fiscal que iban a realizar diligencias, cuando en realidad ya habían llevado a cabo acciones delictivas. “Hasta ese momento podríamos pensar que estábamos frente a personas que tomaban decisiones equivocadas. Sin embargo, las medidas investigativas establecieron que, si no encontraban droga, cargaban a las personas y apropiándose del dinero incautado. En casos donde sí encontraban droga, los informes policiales no coincidían con la cantidad efectivamente incautada. Por ejemplo, se reportaron solo 25 gramos de una incautación que en realidad era de 600 gramos”, comentó Krause-Leiton.
Los exfuncionarios también cometieron el delito de sustracción de drogas desde el recinto policial. La investigación reveló que uno de los carabineros, quien estaba de guardia por la noche, accedía a salas de evidencia para robar sustancias y ocultaba las diferencias al mezclar la droga con tierra o arena. Esta irregularidad fue detectada en dos ocasiones en el servicio de salud Viña del Mar-Quillota, donde se verificó una pérdida de hasta 3 kilos de droga en total.
Pero las irregularidades no terminaron allí. Uno de los funcionarios estaba involucrado en la entrega de información reservada a delincuentes, facilitando datos sobre personas, vehículos y lugares relacionados con robos. Además, los carabineros no solo se apropiaban de dinero de las investigaciones, sino que también robaban bienes como joyas, que luego empeñaban en diversas casas de compra de oro.
Otro aspecto alarmante del modus operandi fue el tráfico de licencias de conducir falsas, las cuales fueron halladas en la vivienda de uno de los imputados, quien se dedicaba a su venta. exfuncionarios
Durante la formalización de los hechos, el tribunal determinó que, si bien todos estaban involucrados, la participación de algunas mujeres en el grupo era considerada menos relevante, lo que generó controversia. Krause-Leiton rebuttó esta noción, afirmando que la perspectiva de género debe considerar la capacidad de decisión de todos los involucrados en cuerpos de seguridad pública.
El tribunal también subrayó que uno de los imputados, un suboficial de mayor rango podría haber ejercido presión sobre los demás, lo que complica aún más la situación. Mientras que el resto de los funcionarios permanecerán en prisión preventiva, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso revisará el caso de los dos carabineros que no fueron sometidos a medida cautelar.
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Krause-Leiton añadió que, en la grabación de una conversación entre los investigados, una de las mujeres era escuchada contando el dinero incautado y discutiendo cómo repartirlo. “Ese audio es revelador de la mala costumbre que habían adquirido en el ejercicio de su cargo”, concluyó el fiscal.
Este escándalo se suma a una serie de cuestionamientos sobre la integridad y la transparencia en las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública, lo que pone en evidencia la necesidad de una revisión a fondo de los protocolos y prácticas dentro de la policía. Las investigaciones continuarán durante los próximos 180 días, con la mira puesta en desentrañar la magnitud de estos delitos y asegurar que se haga justicia.
