En una acción firme para proteger a los trabajadores de la salud, la alcaldesa Carmen Castillo Taucher , junto a su director jurídico Mario Fuentes, presentó una querella criminal por amenazas y lesiones contra un sujeto que agredió a una funcionaria del Centro de Salud Familiar (Cesfam) Segismundo Iturra.
«No vamos a aceptar ninguna condición de riesgo para quienes trabajan en la salud de nuestra comuna. Es muy importante que no quede duda de que nos vamos a querellar, y eso es lo que hemos hecho hoy», afirmó la alcaldesa.
El hecho ocurrió el pasado 5 de febrero, cuando una funcionaria del Cesfam fue víctima de amenazas y agresiones por parte de un individuo que actuó de manera irresponsable. Ante esta situación, el municipio actuó con celeridad y presentó la querella respectiva, siguiendo la instrucción de la máxima autoridad comunal.
El director jurídico del municipio explicó que «el día viernes, la alcaldesa nos dio la instrucción de presentar una querella criminal por los delitos de amenazas y lesiones, tras la denuncia recibida desde la dirección del Cesfam. No vamos a permitir agresiones contra nuestros funcionarios y funcionarias, y tomaremos todas las medidas necesarias para su protección».
Asimismo, se recordó que el municipio ya había interpuesto una querella en el pasado por hechos similares, la cual resultó en una condena ejemplar contra el agresor. En este contexto, se reafirmó el compromiso de la municipalidad en la defensa de sus trabajadores, especialmente en el área de la salud, donde el Código Penal contempla sanciones más severas para quienes cometan agresiones contra funcionarios en ejercicio de sus funciones.
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Proceso Judicial y Posibles Consecuencias
La querella presentada será analizada por el Tribunal de Garantía para verificar su admisibilidad formal. Posteriormente, será remitida al Ministerio Público, que iniciará las diligencias investigativas correspondientes. Estas incluirán la citación de la víctima, la toma de declaraciones a testigos y la comparecencia del imputado.
Las penas que arriesga el agresor van desde presidio menor en su grado mínimo hasta presidio menor en su grado máximo, lo que puede implicar hasta cinco años de cárcel, dependiendo de la gravedad de las amenazas y lesiones cometidas. Además, el Código Penal establece un agravante especial cuando las víctimas son funcionarios públicos, lo que puede aumentar la severidad de la sanción.
Finalmente, la alcaldesa enfatizó que el municipio se mantendrá atento a la evolución del caso y reafirmó su compromiso con la seguridad de la comunidad y de los trabajadores de la salud, garantizando que no se tolerarán actos de violencia en contra de quienes brindan atención a la ciudadanía.
Amenazas y Lesiones
