En una comunicado enviado municipalidad, la alcaldesa de San Felipe, Carmen Castillo Taucher, se refirió a los planes de contingencia que se han dispuesto para las familias que serán desalojadas este jueves 3 de abril. La medida, que responde a una orden judicial, ha generado gran expectación en la comunidad, especialmente entre quienes residen en la toma ilegal que será desocupada.
La alcaldesa inició su intervención llamando a la calma y resaltando el trabajo que se ha realizado en conjunto con diferentes entidades sociales y gubernamentales para enfrentar la situación de forma ordenada y segura. «Sabemos que hay muchas expectativas y una gran necesidad de información. Por eso, queremos llamar a la calma y asegurar a la comunidad que tenemos un plan de contingencia bien estructurado», dijo Castillo, destacando que los aspectos sociales, de salud y educativos han sido cuidadosamente coordinados para acompañar a las familias afectadas.
Uno de los puntos clave de su declaración fue el enfoque social del proceso, en el cual el bienestar de los niños, niñas y adolescentes se ha priorizado. «En este plan, tenemos un enfoque especial en los niños y sus tutores, pues muchas veces se ha malinterpretado que la totalidad de la familia puede ser alojada en los albergues. Sin embargo, no es posible debido a la capacidad limitada de estos espacios», explicó la alcaldesa.
Además, señaló que, si bien no se espera que los albergues sean utilizados en su totalidad, existe una planificación que contempla varios escenarios. «Tenemos un plan A, con dos albergues listos para acoger a 80 personas, y también un plan B y C para el caso de que la demanda aumente», detalló Castillo, añadiendo que todos los planes se han diseñado respetando la seguridad y dignidad de los afectados.
En cuanto al proceso de catastro realizado por la municipalidad, la alcaldesa explicó que, aunque la recopilación de datos no ha concluido debido a algunos incidentes, más del 60% de la población ha sido identificada, lo que permite tener claridad sobre las características y necesidades de los afectados. «Este catastro, que superó el 63% de cobertura, nos ha permitido conocer quiénes conforman la comunidad que será desalojada, incluyendo su nacionalidad y situaciones particulares», indicó.
La autoridad local también enfatizó la importancia de la coordinación entre los distintos actores involucrados, como Carabineros, la empresa encargada del desalojo, y el delegado provincial de San Felipe. «Este es un trabajo conjunto donde cada parte tiene responsabilidades claras. Carabineros tiene una labor fundamental en el proceso, y la empresa que ejecutará el desalojo también debe asegurar que se cumpla con todos los protocolos establecidos», agregó.
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Finalmente, Carmen Castillo Taucher reafirmó el compromiso de la municipalidad de seguir trabajando en la atención y el acompañamiento de las familias afectadas, con el objetivo de minimizar los impactos sociales del desalojo. «Nuestro principal enfoque es que todo el proceso se realice de manera tranquila y segura para todos los involucrados», concluyó.
Con la medida prevista para este jueves, se espera que el desalojo se desarrolle bajo estrictos estándares de seguridad y dignidad, mientras que la municipalidad continuará con su labor de apoyo y orientación a las familias en situación de vulnerabilidad.
