El Tribunal Constitucional (TC) ha tomado la decisión de cesar de su cargo a la senadora Isabel Allende (PS), tras su involucramiento en la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, un proceso impulsado por el Ejecutivo para convertir el inmueble en un museo. La resolución ha generado un fuerte debate político en el país, especialmente en el Gobierno, que lamentó el fallo y alertó sobre sus posibles implicaciones.
La medida fue tomada luego de que el proceso de compra no se concretara debido a que la ley prohíbe que ministros celebren contratos con el Estado. Esta restricción también afectó a la ex ministra de Defensa, Maya Fernández, quien es nieta del ex presidente Allende. La decisión del TC se basa en que la participación de Allende en la transacción contravino esta normativa.
La vocera (s) del Gobierno, Aisén Etcheverry, expresó su pesar por la resolución y destacó que este fallo «generaría un precedente grave». «Nos corresponde respetar los fallos del Tribunal Constitucional, pero no podemos sino lamentar una decisión que, de acuerdo a los antecedentes que tenemos a la vista, generaría un precedente grave», afirmó Etcheverry en una declaración pública.
La vocera también subrayó que la senadora Isabel Allende es una figura de larga trayectoria en la política, cuyo compromiso democrático «ha marcado profundamente la historia de nuestro país». A pesar de su desacuerdo con la decisión, Etcheverry reiteró que el Gobierno respeta la autonomía del Tribunal Constitucional, destacando que «se trata de una decisión de un órgano autónomo del Estado, que nosotros, por supuesto, respetamos respecto de un proceso donde el Ejecutivo ha reconocido que ocurrieron errores administrativos y, por lo tanto, se han instruido sumarios en esa dirección».
Desde la oposición, el Partido Republicano y Chile Vamos respaldaron la determinación del TC y emplazaron al presidente Gabriel Boric a aclarar su rol en la fallida transacción. Los sectores críticos al Gobierno señalaron que el hecho representa un ejemplo claro de conflicto de interés y cuestionaron la gestión del Ejecutivo en este asunto.
Por su parte, Isabel Allende reaccionó con tristeza ante la decisión del TC, defendiendo su actuación durante el proceso de compraventa. “Siempre actuamos de buena fe y jamás recibimos un peso por un proyecto que no prosperó. Estos argumentos al parecer no fueron recogidos por la mayoría del tribunal. Lo lamentamos”, afirmó la senadora, quien expresó su sorpresa ante el fallo.
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Isabel Allende, quien lleva más de 30 años de servicio público, insistió en que “jamás usé mi cargo para beneficio personal y siempre he respetado la Constitución y las leyes”, reafirmando su integridad y compromiso con el país.
Este caso, que ha sacudido el ámbito político nacional, deja abierta la discusión sobre los límites legales y éticos en la participación de los funcionarios públicos en contratos con el Estado, así como las implicaciones de este tipo de decisiones en la trayectoria política de los involucrados.
