Un complejo fin de semana vivió San Felipe luego de que la alcaldesa Carmen Castillo Taucher acudiera este sábado al cuartel de la PDI para presentar una denuncia por un presunto fraude al fisco. La acción judicial fue motivada por serias irregularidades detectadas en un contrato de asesoría jurídica externa firmado con la empresa RV Consultores SpA. La gravedad del caso, que incluye documentos duplicados y sin respaldo, podría tener consecuencias penales.
La denuncia de la alcaldesa se basa en un informe emitido por la Dirección de Control de la Municipalidad de San Felipe, que reveló múltiples deficiencias en el cumplimiento del contrato firmado en diciembre de 2024. Entre las anomalías, se descubrió que parte de los informes entregados correspondían a trabajos realizados para el municipio de Quilpué, con referencias a autoridades y departamentos inexistentes en San Felipe.
La investigación también detectó una duplicación de informes ya elaborados previamente por la Dirección Jurídica municipal, así como la falta de evidencia de que la empresa hubiese realizado las labores comprometidas. Por esta razón, la Dirección de Control recomendó rechazar el pago de los $2 millones pactados en el contrato con RV Consultores SpA y advirtió sobre posibles responsabilidades administrativas y penales.
En paralelo a la acción presentada por la alcaldesa Castillo, el director del Departamento Jurídico del municipio, Mario Luis Fuentes Romero, optó por presentar una autodenuncia ante el Juzgado de Garantía de San Felipe. Esta medida se originó tras ser vinculado en un medio radial local a otro contrato presuntamente irregular para la creación de un “Manual de Adquisiciones”, que mostraba similitudes con un documento usado en otra comuna.
Fuentes Romero afirmó haber actuado conforme a la ley y pidió que se investigue profundamente. En su autodenuncia, solicitó diligencias como la citación a declarar de todos los involucrados en el proceso de contratación, además de la recopilación de los documentos respectivos. Aseguró estar dispuesto a colaborar en todo lo necesario para esclarecer los hechos y proteger su reputación profesional y la del municipio.
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El caso ahora queda en manos del Ministerio Público, que deberá determinar si hay antecedentes suficientes para iniciar una investigación formal. De comprobarse responsabilidades, las consecuencias podrían incluir sanciones penales y administrativas, afectando la imagen y la operatividad del gobierno comunal de San Felipe. fraude
