En una acción sin precedentes en el Valle de Aconcagua, las organizaciones Corporación Féminas Diversas de Aconcagua y Corporación Libertad de Género y Derechos Humanos anunciaron este miércoles que presentarían una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado de Chile. La acción, programada para el 17 de mayo, responsabilizó directamente a la alcaldesa de San Felipe, Carmen Castillo Taucher, por prácticas de transfobia y discriminación reiterada en su gestión, lo cual fue considerado de alta relevancia por sus implicancias en la garantía de derechos fundamentales.
Las organizaciones denunciantes acusaron al Estado chileno por omisión y falta de respuesta ante actos de odio y exclusión sistemática cometidos desde el gobierno local. Según afirmaron en un comunicado, la denuncia busca no solo responsabilizar a una autoridad específica, sino también visibilizar la inacción estatal ante vulneraciones graves hacia personas LGBTIQ+ en contextos institucionales.
El documento que sustenta la acusación consta de 12 capítulos con pruebas documentales, testimonios y registros audiovisuales. En él se detallan diversos episodios de hostigamiento hacia miembros de Féminas Diversas de Aconcagua, incluyendo a su presidenta y parte de su directiva, por razones vinculadas a su identidad de género y su labor en defensa de los derechos humanos.
Los hechos denunciados se inscriben en el contexto del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, y buscan reforzar el carácter político y simbólico de esta presentación. Las organizaciones basaron su acción en los artículos 44 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 31 del reglamento de la CIDH, los cuales permiten acudir al sistema interamericano ante la falta de justicia local efectiva.
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Las acusaciones contra la alcaldesa Castillo incluyen supuesta persecución política, discursos de odio y prácticas excluyentes en abierta contradicción con los principios de un Estado democrático. “Ninguna forma de odio debe quedar impune”, expresaron las organizaciones, convocando a la ciudadanía y a organismos internacionales a observar y fiscalizar el actuar de las autoridades locales.
Este hecho marca un precedente en la región de Aconcagua al exponer por primera vez una denuncia de este tipo en el ámbito internacional. A la vez, refuerza la urgencia de proteger los derechos de las diversidades sexuales y de género frente a conductas discriminatorias que, según los denunciantes, persisten incluso desde las propias estructuras del Estado. transfobia
