El Ministerio Público de Los Andes acusa este lunes a la representante de la empresa SITA y al exjefe de adquisiciones de la Municipalidad de San Esteban por fraude al fisco y uso de documento público falso, en hechos ocurridos entre 2018 y 2021. Ambos están involucrados en el conocido “caso Limpiafosas”, que expone un sobrepago de más de 220 millones de pesos y revela graves falencias en la gestión municipal. millonario fraude
Según la acusación presentada por el fiscal Jorge Alfaro Figueroa, los imputados habrían manipulado documentos y falseado información técnica sobre los camiones utilizados para labores de limpiafosas, haciendo creer que estos tenían una capacidad de 30 mil litros, cuando en realidad era de apenas 13 mil. Esto generó pagos inflados por parte del municipio, sin que existiera fiscalización adecuada.
La investigación, impulsada por una auditoría del actual alcalde Christian Ortega, determinó que durante la gestión del exalcalde René Mardones se firmaron contratos mensuales con la empresa SITA bajo estas condiciones fraudulentas. La diferencia en la capacidad de los vehículos llegó hasta un 40%, lo que derivó en una defraudación directa al patrimonio fiscal.
Contraloría Regional detectó el hecho en su informe de abril de 2022, estableciendo que el perjuicio económico ascendería a más de $171 millones solo entre julio de 2018 y septiembre de 2020. A pesar de que ya en 2021 se solicitó una investigación interna, esta nunca se llevó a cabo y tampoco se presentaron denuncias durante esa administración.
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Además del fraude, se comprobó que para acceder a la licitación, la empresa SITA presentó un documento adulterado del Servicio de Salud Aconcagua, ocultando la verdadera capacidad de sus camiones. El caso pasará ahora al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Andes, que deberá fijar fecha para el juicio oral donde se arriesgan penas de hasta tres años de presidio menor.
Este proceso judicial es considerado clave para esclarecer responsabilidades en uno de los casos de corrupción municipal más significativos en la región, dejando en evidencia la falta de control en la administración pública y la urgencia de implementar mecanismos de fiscalización más rigurosos.
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