El Juzgado de Garantía de Los Andes admite este mes la querella criminal interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra el alcalde de Rinconada, Juan Galdames Carmona, y un particular, por delitos de fraude al Fisco, negociación incompatible y falsificación de instrumento público. El caso genera gran interés público al involucrar la compra de terrenos municipales con presuntas irregularidades.
La querella del CDE se basa en hechos ocurridos entre diciembre de 2021 y abril de 2022, cuando el alcalde Galdames informa al Concejo Municipal sobre negociaciones privadas para adquirir terrenos a Fernando Porcile Valenzuela. Estos predios estaban destinados a viviendas sociales y proyectos comunitarios, pero las reuniones no se registraron conforme a la Ley del Lobby.
Según los informes de la Contraloría Regional de Valparaíso y testimonios de concejales, las decisiones de compra fueron tomadas sin los documentos esenciales, como los borradores de contratos. A pesar de ello, el Concejo Municipal aprobó la adquisición de los terrenos denominados Los Almendros y Las Bandurrias, sumando más de $1.800 millones en transacciones.
Durante las sesiones del Concejo, el alcalde aseguró que los terrenos contaban con todas las factibilidades técnicas necesarias. Además, señaló que no existían otras opciones viables para la construcción de viviendas sociales, justificando la urgencia de la compra. Sin embargo, varios concejales manifestaron dudas, y algunos votaron en contra o se abstuvieron.
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El contrato de compraventa del terreno Los Almendros se concretó en abril de 2022, con pago al contado mediante vale vista. La documentación notarial acredita que la transacción se cerró por $935 millones, suma que el vendedor, Fernando Porcile, declaró haber recibido íntegramente. A pesar de esto, las condiciones de transparencia del proceso siguen en entredicho.
La admisión de la querella marca un nuevo capítulo judicial que podría tener consecuencias políticas y legales significativas para el alcalde de Rinconada . La Fiscalía y el CDE continúan investigando la posible comisión de delitos que comprometen recursos públicos, en un caso que pone en el centro del debate la probidad y la rendición de cuentas en la gestión municipal.
