El concejal Ronald Olivares rechazó este lunes el traspaso de recursos destinados al pago de cotizaciones previsionales a la educación municipal durante una sesión extraordinaria del concejo municipal de San Felipe, argumentando que no se pueden aprobar nuevos financiamientos sin antes aclarar irregularidades detectadas en pagos a proveedores del DAEM.
Su postura se fundamenta en una auditoría ocultada al Concejo anterior y a la opinión pública, que revelaría presuntos desvíos vinculados con decretos firmados por la alcaldesa Carmen Castillo, quien no participó a la sesión. Olivares detalló que dicha auditoría, realizada en cumplimiento del Memorándum 28 de abril de 2022, señaló la existencia de pagos dobles a empresas contratistas del Departamento de Educación Municipal (DAEM).
El edil también criticó el uso retórico que, a su juicio, algunos hacen en torno a la defensa de la educación municipal, mientras se soslayan responsabilidades en la gestión de los recursos públicos. Afirmó que defender la educación implica velar por el correcto uso de los dineros destinados a ella, especialmente cuando están orientados al apoyo de niños en situación de vulnerabilidad. “No se puede hablar de protección educativa si hay un presunto esquema de defraudación”, sostuvo.
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Finalmente, Olivares solicitó que la auditoría sea elevada al Ministerio Público para que contribuya a las investigaciones en curso sobre la pérdida de recursos municipales. Recordó que ya existe un caso judicial en marcha por este tema, donde solo una persona está imputada, y reclamó transparencia en la investigación sumaria administrativa, que ha permanecido sin resultados desde hace casi un año. La votación del traspaso terminó aprobándose pese al rechazo del concejal.
