El alcalde Rodrigo Díaz y los vecinos de Catemu denuncian la instalación del Parque Fotovoltaico Triqueta en tierras de alta calidad agrícola, mientras lidian con la contaminación de la fundición de cobre junto a sus nuevos socios y el avance desmedido de proyectos extractivos. La lucha por proteger su territorio se intensifica en medio de una región marcada por conflictos socioambientales.
En los últimos años, la comuna de Catemu ha enfrentado una serie de amenazas que ponen en riesgo su suelo fértil, su medio ambiente
y su futuro como territorio productivo. Entre ellas destaca el proyecto Triqueta, un parque fotovoltaico que pretende ocupar 288 hectáreas de tierra categoría 1, consideradas entre las más productivas del Valle de Aconcagua. Para el alcalde Rodrigo Díaz, este es un ataque directo a la agricultura local y a la seguridad alimentaria de la región.
El terreno destinado al proyecto no solo es clave para la producción agrícola, sino que también forma parte de un ecosistema frágil y único. “Si tiro una moneda capaz que me salga un árbol de billetes. Porque así de fértil es esa tierra”, señaló Díaz durante una entrevista con Aconcagua al Día. Sin embargo, la sequía prolongada y la falta de apoyo estatal han dejado a muchos agricultores sin opciones viables, facilitando que empresas privadas ofrezcan contratos tentadores para arrendar sus parcelas.
La propuesta de Triqueta promete beneficios económicos a corto plazo, pero a costa de un impacto ambiental irreversible. Según Paula Rodríguez, representante de ‘Catemu en Movimiento’, el proyecto implicaría la instalación de 240.000 paneles solares, equivalente a unos 2.400 camiones movilizándose por la única vía de acceso a la comuna. Además, la energía generada no beneficiaría directamente a Catemu, sino que se integraría al sistema nacional, alejando cualquier beneficio tangible para la población local.
Durante el proceso de participación ciudadana ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), surgieron más de 170 observaciones presentadas por vecinos y organizaciones locales. La empresa responsable solicitó prorrogas técnicas para responder a dichas observaciones, primero hasta diciembre de 2023 y luego hasta 2025, lo que evidencia una estrategia dilatoria para avanzar con el proyecto sin oposición visible.
Mientras esto ocurre, el municipio de Catemu y la comunidad esperan que el nuevo Plano Regulador Regional (Premval) clasifique la zona rural como área no edificable, prohibiendo así la construcción de proyectos de esta magnitud. Sin embargo, el documento aún está en revisión por parte de la Contraloría General de la República, lo que retrasa cualquier solución legal concreta.
Además del parque solar, Catemu soporta otros frentes de conflicto. La Fundición Chagres opera al 47% de su capacidad permitida, pero sigue generando altos niveles de contaminación, especialmente por partículas finas (PM10) y dióxido de carbono (CO2). Además de los temores que significa el acuerdo de Anglo American con Codelco. Mientras tanto, se proyecta la instalación de torres de alta tensión, explotación minera en distintos cerros y monocultivos intensivos que agotan los recursos hídricos, afectando a comunidades que dependen de APR para el abastecimiento de agua potable.
Los diputados y senadores de la zona han manifestado su preocupación por la situación. Diego Ibáñez y Juan Ignacio Latorre coincidieron en que Catemu no puede seguir siendo un espacio de sacrificio socioambiental. Ambos insistieron en la necesidad de una planificación territorial que priorice la salud de las personas, la protección del suelo agrícola y la transición energética bajo estándares ambientales justos y participativos.
La consejera regional Maricel Martínez señala que estos proyectos reflejan una política pública contradictoria. Mientras se prohíbe la construcción de condominios en suelos agrícolas de primera calidad, se permite la instalación de paneles solares en los mismos sectores. Esta situación, según explica, pone en evidencia una falta de coherencia en la protección del territorio y una vulneración del derecho a vivir en un entorno saludable.
Para Froilán Flores, presidente de la Confederación Nacional de Ferias Libres de Chile, la pérdida de tierras cultivables en Catemu es un crimen ecológico que afectará la soberanía alimentaria del país. “Estamos perdiendo suelo agrícola de primera categoría, y eso está sucediendo en todo Chile”, alerta. Señala que la crisis del campo, agravada por la sequía, la especulación inmobiliaria y la minería, ha llevado al abandono de las zonas rurales y a la migración de jóvenes hacia las ciudades, sin políticas públicas que incentiven su permanencia.
Ante este escenario, el gobernador regional Rodrigo Mundaca asegura que el gobierno regional trabaja en una visión de desarrollo sostenible, equitativo y respetuoso del medio ambiente. No obstante, reconoce que hay limitaciones institucionales, ya que el Comité Regional de Evaluación Ambiental está presidido por el delegado presidencial, quien responde a orientaciones desde Santiago. Mundaca anunció que junto a otros gobernadores buscará que se transfiera la presidencia de ese comité al gobierno regional, para tomar decisiones con una mirada más cercana a la realidad local.
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Aunque las autoridades buscan frenar los proyectos mediante acciones legales y cambios normativos, la comunidad de Catemu continúa en pie de lucha. Organizaciones sociales, juntas de vecinos, dirigentes ambientales y el propio municipio trabajan coordinadamente para evitar que se concrete el Parque Triqueta y otros proyectos similares. Como señala Paula Rodríguez: “No vamos a permitir que conviertan a Catemu en una zona de sacrificio. Esta tierra tiene vida, tiene futuro, y no la vamos a entregar por cinco minutos de luz”. La próxima semana continuaremos profundizando con la zona de sacrificio de Catemu.
