La académica Pía Greene alertó que las mafias criminales están en fase de infiltración institucional en Chile y advirtió que, si no se actúa a tiempo, el país podría convertirse en un narcoestado. Sus declaraciones, formuladas en una entrevista con El Diario de Cooperativa , cobran relevancia en medio del creciente índice de criminalidad organizada y las dificultades del sistema para contenerla. Greene, exjefa de estudios del Ministerio del Interior, señaló que ya no se trata de delitos aislados, sino de organizaciones que socavan la democracia y la libertad.
Greene explicó que Chile ha superado la etapa de disputa territorial entre bandas criminales y ahora enfrenta una fase más peligrosa: la penetración en las instituciones del Estado. «Si esto no se detiene, va a pasar a las más altas autoridades, donde definitivamente va a haber una penetración total», sostuvo, refiriéndose al escenario que caracteriza a los llamados narcoestados, donde el crimen y el poder público terminan entrelazados.
Para enfrentar esta realidad, Greene propuso tres medidas urgentes: coordinación interinstitucional, modernización del sistema de inteligencia y reforma del sistema carcelario. Señaló que actualmente las instituciones no comparten información ni actúan articuladamente, lo que limita su capacidad de respuesta. Además, criticó la falta de avances en las leyes de inteligencia y la obsolescencia de la Agencia Nacional de Inteligencia.
La experta también insistió en la necesidad de reestructurar el sistema penitenciario, proponiendo la transformación de Gendarmería en una fuerza de orden con mayor presupuesto y autonomía operativa. «Hoy día hay que hacer una reforma importante al sistema penitenciario general», afirmó, al tiempo que recordó que las cárceles actuales no son suficientes para contener a las nuevas organizaciones criminales que operan con estructuras complejas y transnacionales.
El caso del presunto sicario venezolano Alberto Carlos Mejía, prófugo tras ser detenido en 2022 por robo con violencia y porte de arma, ilustra las falencias del sistema. Aunque fue capturado, no se le tomaron huellas, lo que impidió su identificación correcta y facilitó su posible fuga. Este episodio ha generado críticas sobre la gestión de identificación de extranjeros en situación irregular y la coordinación entre organismos de seguridad.
Camila Leyton, abogada y académica de la Usach, señaló que existen mecanismos legales para identificar a personas detenidas, incluso si no tienen identidad reconocida. Según explicó, el sistema permite ampliar la detención por tres días para tomar huellas y asignar un RUT provisional. Además, existe una ley de reincidencia que permite decretar prisión preventiva como medida cautelar en casos de identidad dudosa, especialmente para extranjeros irregulares.
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Marta Herrera, exdirectora jurídica del Ministerio Público, coincidió en que el problema no es la ausencia de normas, sino su aplicación. Señaló que hay un déficit en el sistema de justicia criminal, sobre todo en el manejo de casos de extranjeros que cometen delitos y que son difíciles de identificar. En su opinión, es urgente que el Estado se ponga al día con esta problemática y deje de considerarla una falencia menor.
En conjunto, los análisis de Greene, Leyton y Herrera coinciden en que Chile enfrenta una nueva etapa de criminalidad organizada que requiere una respuesta integral, coordinada y moderna. La infiltración de mafias no solo pone en riesgo la seguridad ciudadana, sino también la estabilidad democrática del país. Si no se toman medidas concretas, el escenario podría agravarse, con consecuencias que afectarían profundamente la institucionalidad y el Estado de derecho.
