La empresa Minera Vizcachitas presentó una declaración pública tras conocerse la decisión del Tribunal de Contratación Pública de rechazar su denuncia contra el Municipio de Putaendo, en relación con un controvertido contrato otorgado al ciudadano Arón Cádiz Véliz.
La compañía interpuso una demanda de nulidad contra el alcalde Mauricio Quiroz, en su calidad de representante legal del municipio, y contra Cádiz, por la adjudicación del contrato para la “Homologación área de conservación de múltiples usos cajón del río Rocín”, adjudicado mediante el mecanismo de “compra ágil”. Aunque el tribunal declaró inadmisible la demanda inicial, la empresa anunció que presentará una reposición para impugnar lo que calificó como actuaciones “ilegales, arbitrarias y discriminatorias” por parte de la administración municipal.
El contrato cuestionado, según detalló Minera Vizcachitas, violó normas clave de la Ley 19.886 sobre probidad y transparencia en la contratación pública, al utilizar de forma indebida la figura de compra ágil —instrumento que no es aplicable a servicios personales especializados— y al superar el límite legal de 100 UTM, especialmente al tratarse de una ampliación de un contrato anterior ya rechazado por el Ministerio del Medio Ambiente. Además, la empresa señaló que el proceso careció de transparencia, al favorecer a un proveedor reiterado sin abrir una convocatoria amplia que permitiera la participación equitativa de otros profesionales.
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La declaración tuvo lugar en el contexto de una creciente tensión entre el proyecto minero y ciertos sectores locales, pero Minera Vizcachitas destacó su compromiso con el desarrollo sostenible y el cumplimiento estricto de la normativa vigente. En este marco, la empresa hizo un llamado a las autoridades para garantizar la transparencia en la gestión pública, especialmente en temas ambientales que involucran a la comunidad. La defensa del debido proceso y la legalidad en las contrataciones municipales fue enfatizada como un principio fundamental, no solo para proteger los intereses de la empresa, sino también para fortalecer la institucionalidad democrática en la comuna.
Minera Vizcachitas aseguró que continuará ejerciendo sus derechos en todas las instancias legales disponibles, con el objetivo de garantizar que los procesos públicos se ajusten a la ley y promuevan un desarrollo sostenible en beneficio de toda la comunidad de Putaendo y sus alrededores.
