La Dirección General de Aguas (DGA) de la Región de Valparaíso aplicó una millonaria sanción a la empresa Anglo American Sur S.A. por realizar extracciones no autorizadas de agua desde el estero Riecillos entre enero y abril de 2023. El hecho ocurrió durante un período de severa escasez hídrica, cuando regía una orden de cierre de compuertas para priorizar el consumo humano en la cuenca del río Aconcagua. Los protagonistas son la DGA, las autoridades regionales y la multinacional minera. La medida es trascendental porque protege el acceso equitativo al agua en una región castigada por la megasequía y envía un mensaje claro sobre el cumplimiento de la normativa hídrica.
En un punto de prensa realizado este viernes, el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, el gobernador regional Rodrigo Mundaca, el Seremi de Obras Públicas Dennys Mendoza y el director regional de Aguas, Camilo Mansilla, detallaron los resultados de una investigación de más de 1.300 páginas. Esta concluyó que Anglo American extrajo agua en fines de semana mediante las bocatomas 2400 y 2700, incumpliendo los turnos establecidos en el plan de redistribución del río Aconcagua. Aunque la empresa posee derechos de aprovechamiento, las extracciones se realizaron fuera de los horarios permitidos, vulnerando el marco legal vigente en contextos de emergencia hídrica.
La DGA impuso una multa de 1.226,05 UTM por cada bocatoma, lo que suma un total de 2.452,10 UTM —equivalente a más de 168 millones de pesos—, tras aplicar un incremento del 75% por cometerse en zona de escasez y en una fuente declarada agotada. Este castigo económico es uno de los más altos en la historia reciente de fiscalizaciones hídricas en la región. Además, el organismo derivó los antecedentes al Ministerio Público para investigar posibles delitos según los artículos 305 y 307 del Código Penal, que contemplan penas de hasta tres años de presidio.
Las autoridades destacaron que más de 5.000 usuarios aguas abajo, principalmente agricultores de la Junta de Vigilancia del Río Aconcagua Sector Quillota (III Sección), fueron afectados por estas extracciones. Durante el proceso, la DGA recabó testimonios de peritos y funcionarios, incluso propuestos por la propia empresa, cuyos registros internos confirmaron las captaciones irregulares. Pese a que los caudales extraídos no alcanzaron la capacidad máxima de las infraestructuras, su impacto fue significativo en un contexto de restricción generalizada.
El delegado presidencial Yanino Riquelme enfatizó que esta sanción es producto de una política pública de fiscalización reforzada desde el inicio del gobierno del Presidente Gabriel Boric. Subrayó la coordinación entre el Gobierno Regional y la DGA para proteger el recurso hídrico y garantizar su uso prioritario para consumo humano y funciones ecosistémicas. “Quienes creyeron que sus derechos privados estaban por sobre la ley hoy enfrentan las consecuencias”, afirmó, reafirmando el compromiso del Estado con la equidad en el acceso al agua.
Por su parte, el gobernador Rodrigo Mundaca lamentó que una empresa de gran envergadura no respetara los acuerdos colectivos en un año de crisis extrema. Recordó que durante 2023 se realizaron múltiples mesas técnicas para redistribuir el agua con justicia, sacrificando derechos de muchos usuarios para proteger a la población. “Apropiarse de agua que no estaba disponible en ese momento es una práctica impropia y grave”, sentenció. Para Mundaca, el caso simboliza la lucha entre el interés privado y el bien común.
El seremi de Obras Públicas, Dennys Mendoza reiteró que el agua es un bien público y que su uso debe regirse por legalidad, equidad y sustentabilidad. Camilo Mansilla, director regional de Aguas, añadió que los particulares deben someterse a la normativa vigente, sin excepciones. “Mientras los agricultores se restringían, la minera extrajo fuera de turno. Eso no puede pasar”, afirmó. Ambos destacaron que la derivación al Ministerio Público busca esclarecer si hubo responsabilidades penales, no solo administrativas.
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Desde Anglo American, sin embargo, rechazaron categóricamente las acusaciones, asegurando que “las infracciones imputadas carecen de sustento en los hechos y en el derecho”. La empresa afirmó que no realizó captaciones en los días fiscalizados y que cumplió íntegramente con el cierre de compuertas, como lo demostrarían pruebas técnicas presentadas a la DGA. Denunciaron, además, que la autoridad no consideró dicha evidencia ni realizó inspecciones in situ durante la etapa de imputación. Para la compañía, la sanción se basa en una evaluación incompleta y sesgada del caso.
Anglo American anunció que ejercerá todas las acciones legales necesarias para revertir la sanción, incluyendo la solicitud de revisión de las pruebas ante instancias superiores. La empresa expresó su confianza en que, en futuras evaluaciones, se valorará adecuadamente la documentación que acredita su cumplimiento normativo. También lamentaron que la DGA haya derivado el caso al Ministerio Público, al considerar que los hechos supuestamente delictivos no ocurrieron o, en su defecto, serían anteriores a la vigencia de la ley de delitos económicos. En ese sentido, advirtieron sobre la gravedad de iniciar procesos penales sin una base probatoria sólida.
