El Ingeniero Comercial Benjamín Koch, representante de un grupo de comuneros de Catemu, denunció que la empresa minera Cemin —operadora de Minera Amalia, vinculada al ex-grupo de CAP— inició una demanda de servidumbre sobre el Bien Común General Nº 6 del Proyecto Los Corrales, pese a tres meses de negociaciones fallidas desde mayo. La acción judicial, presentada bajo el rol 2145-2025 ante el Primer Juzgado de Letras, incluye irregularidades graves: demandó a diez personas fallecidas y exhibió títulos obsoletos o ajenos al predio en disputa. El caso es relevante porque afecta derechos constitucionales como la propiedad y el debido proceso, además de poner en riesgo la seguridad y calidad de vida de decenas de familias. 120 camiones
La demanda carece de claridad jurídica, según Koch, ya que la minera confunde los lotes involucrados: pretende constituir servidumbre sobre el Lote B, pero en realidad exige continuidad de una servidumbre que cruza el Lote A. Además, para respaldar sus derechos, presentó documentos como una compra-venta de una parcela en Palqueal —ajena al Bien Común— o un dominio vigente de una hijuela del lote B, irrelevante para el camino en disputa. Estas inconsistencias evidencian una base documental débil, lo que cuestiona la legitimidad de la acción legal y la prisa del tribunal en otorgar medidas provisionales sin verificar la vigencia de los demandados.
El 10 de julio, el juez concedió una servidumbre provisoria por 60 días —renovada luego otros 60— pese a saber que diez de los demandados estaban fallecidos, lo que invalida cualquier resolución posterior. Los comuneros consideran esto una vulneración flagrante del artículo 19 de la Constitución, que garantiza el debido proceso y el derecho a la propiedad. La medida anticipa una sentencia sin notificar a todas las partes, y permite que 120 camiones mineros —de más de 35 toneladas— transiten diariamente por un camino rural construido en 1995 para uso agrícola, hoy residencial, generando daños ambientales y estructurales.
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Desde 2008, la Corte ya había advertido a la minera sobre el uso de materiales como sales en el camino, que destruyen la flora, fauna y vehículos vecinales. Sin embargo, nada ha cambiado: el paso masivo de camiones continúa sin regulación, sin compensación y sin respeto a la vocación residencial actual del sector. Los comuneros —22 propietarios directos, pero cerca de 60 personas afectadas por sucesiones— exigen que se sopesen sus derechos frente al interés minero, recordando que la Corte ya estableció que el uso de bienes comunes no puede privilegiar a un solo actor, aunque tenga derechos mineros.
Ante la impotencia y la sensación de injusticia, un grupo de vecinos realizó una manifestación pacífica frente al juzgado, entregando una carta que detalla las irregularidades y pide reconsiderar la servidumbre provisoria. Para ellos, no se trata de oponerse a la minería, sino de exigir que se respeten las leyes, los derechos fundamentales y el equilibrio entre desarrollo económico y convivencia comunitaria. La comunidad espera que el tribunal rectifique su postura y no consolide una medida que, desde su origen, carece de sustento legal y humano. 120 camiones
