Declaración Pública La Federación Nacional APR´s Chile : Sobre el error tarifario en el cálculo del IPC en las cuentas de la Energía

La Federación Nacional APR´s Chile declara con profunda preocupación y firmeza lo siguiente:

1. Un error tarifario que exige verdad y reparación

Desde 2017, las tarifas eléctricas en Chile han estado infladas por un error metodológico en el cálculo del IPC, reconocido recién en octubre de 2025 por la Comisión Nacional de Energía. Este error implicó un doble cobro inflacionario, generando sobreprecios que afectaron a millones de usuarios, incluidos los Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural, que sostienen el derecho al agua en condiciones precarias y con trabajo comunitario no remunerado.

El monto cobrado en exceso supera los US$115 millones. Es inaceptable que este error haya persistido durante ocho años sin ser detectado ni denunciado por las empresas eléctricas, que se beneficiaron directamente de él. No es creíble que compañías con equipos técnicos y financieros altamente especializados no hayan advertido un ingreso sistemático que no les correspondía.

2. Una defensa empresarial que vulneró el interés público

Mientras se embolsaban montos que no les correspondían, las empresas eléctricas impugnaron activamente el proyecto de ampliación del subsidio eléctrico, que buscaba aliviar el impacto tarifario en sectores vulnerables como los APRs. Lo hicieron con una estrategia jurídica agresiva, alegando:

• Que el Estado ya tenía recursos suficientes vía IVA acumulado.

• Que el proyecto vulneraba la propiedad privada y los contratos vigentes.

• Que se trataba de una iniciativa inconstitucional.

Contrataron abogados expertos, presionaron comisiones parlamentarias y lograron que el Congreso rechazara el proyecto, dejando a los APRs sin subsidio. Es decir, defendieron sus ingresos ante un gravamen menor, mientras acumulaban recursos que no les correspondian por años.

3. Una exigencia de justicia tarifaria y reparación territorial.

Como Federación Nacional APR´s Chile, exigimos:

• Transparencia total: Las empresas deben explicar por qué no detectaron ni alertaron sobre un error que infló sus ingresos durante ocho años.

• Responsabilidad empresarial: Las compañías deben responder por su inacción y por haber recibido ingresos indebidos.

• Reapertura del debate legislativo: El rechazo del subsidio debe revisarse a la luz del sobrecobro y del interés público.

• Reparación para los APRs: No solo a clientes individuales, sino también a los sistemas comunitarios que han sido doblemente perjudicados.

• Reconocimiento de la ética comunitaria: Mientras las empresas defendían sus bolsillos, los APRs defendían el derecho al agua, la equidad tarifaria y la dignidad organizativa.

“No aceptamos que se nos niegue el subsidio por “costoso” mientras se tolera el enriquecimiento indebido. No aceptamos que se invisibilice el rol de las comunidades que sostienen el agua rural. No aceptamos que se normalice la omisión empresarial frente a un error que afectó a todo el país”.