El abogado andino José Villagrán Reyes interpuso una querella que fue admitida a trámite por el Tribunal de Garantía de Valparaíso en contra del prefecto regional de la Policía de Investigaciones (PDI), Guillermo Mauricio Gálvez Carriel, y del prefecto general a cargo de la Subdirección de Investigación, Hugo Andrés Haeger Bórquez, acusándolos de haber incurrido en delitos reiterados de prevaricación administrativa.
La acción judicial, presentada con base en hechos ocurridos durante un sumario administrativo de más de cuatro años de duración, busca que se investigue y sancione el presunto uso arbitrario e ilegal de sus funciones públicas por parte de ambos oficiales, lo que reviste especial gravedad al involucrar a altas autoridades de una institución encargada de perseguir el delito.
La querella, admitida formalmente por el tribunal, se enmarca en una serie de irregularidades denunciadas en el proceso disciplinario seguido en contra del funcionario de iniciales L.L.T., quien habría presentado una denuncia por falta de probidad administrativa en contra del propio prefecto general Haeger Bórquez. Según Villagrán Reyes, tanto Haeger como Gálvez omitieron dar curso a dicha denuncia, pese a que el Estatuto Administrativo obliga a toda autoridad a tramitar las querellas que ingresan dentro de su competencia. Esta omisión, sostiene el abogado, no solo viola normas legales fundamentales, sino que evidencia una actitud deliberada de encubrimiento o negligencia grave en el ejercicio de sus funciones.
Además, el libelo acusa a Haeger Bórquez de haber actuado fuera de sus atribuciones al proponer directamente una sanción específica contra L.L.T., a pesar de carecer de competencia fiscalizadora o dictaminadora en el marco del sumario administrativo. Esta intervención indebida, según el querellante, constituye una clara falta de probidad y una violación del principio de imparcialidad que debe regir los procedimientos disciplinarios en la administración pública. A esto se suma la responsabilidad del prefecto regional Gálvez Carriel, quien no solo habría ignorado la denuncia original, sino que además adoptó la propuesta sancionatoria formulada por Haeger, lo que —según Villagrán— demuestra una influencia indebida del alto mando nacional en una decisión que debía ser autónoma y objetiva a nivel regional.
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El caso adquiere mayor relevancia tras la reciente intervención de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que acogió un recurso de protección presentado por el funcionario afectado, señalando que la prolongada tramitación del sumario —superior a los cuatro años— vulnera su derecho al debido proceso. Pese a este fallo judicial, el abogado denuncia que las autoridades regionales de la PDI no han corregido lo que califica como una tramitación “lenta, ilegal y arbitraria”, lo que refuerza las sospechas de mala fe o negligencia sistemática en el manejo del caso.
Para Villagrán Reyes, la gravedad del asunto radica no solo en las presuntas irregularidades cometidas, sino en el hecho de que quienes las habrían perpetrado son altos mandos de una institución cuya misión es garantizar el Estado de derecho. “No se puede permitir que quienes deben investigar delitos sean, al mismo tiempo, presuntos responsables de cometerlos en el ejercicio de sus funciones”, afirmó el abogado, al tiempo que llamó a las autoridades judiciales a actuar con celeridad y transparencia para restablecer la confianza en las instituciones públicas.
