La renuncia de dos altos funcionarios de la administración municipal de San Felipe, ocurrida en meses recientes, cobra hoy una inquietante relevancia tras la confirmación oficial de graves irregularidades en faenas de extracción de áridos en los ríos Aconcagua y Putaendo. En su momento, tanto el exsecretario comunal de Planificación (Secplan) como el exasesor jurídico denunciaron omisiones institucionales y presiones internas que impedían una fiscalización efectiva. Ahora, la propia municipalidad reconoce que al menos tres empresas han operado al margen de la ley, causando daños ambientales severos, y que una de ellas incluso ocupa ilegalmente el cauce del río Aconcagua. saqueo ambiental
Según lo informado por la comuna, desde 2023 rige la Ordenanza Municipal N° 67, que regula esta actividad extractiva y creó una mesa técnica para monitorear su cumplimiento. Pese a ello, las empresas sancionadas continúan operando de forma ilegal, lo que evidencia limitaciones en la capacidad de coerción municipal frente a actores económicos poderosos. La autoridad local ha interpuesto acciones judiciales, solicitado apoyo a la Delegación Presidencial Provincial y convocado a la Brigada de Delitos Ambientales (BIDEMA), pero el escenario persiste, generando desconfianza ciudadana y tensiones institucionales.
El marco legal que sustenta la intervención municipal es amplio: el Artículo 48 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM) faculta a los gobiernos locales a fiscalizar actividades que afecten el medio ambiente, mientras que el Artículo 5°, letra i), les impone promover su protección. Además, los ríos son bienes nacionales de uso público, cuya alteración sin autorización constituye una infracción. Sin embargo, la efectividad de estas facultades depende de voluntad política, recursos técnicos y coordinación con organismos como la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la que se debe denunciar cualquier actividad sin Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
La situación se agrava por el riesgo de responsabilidad subsidiaria en que podría incurrir la municipalidad si se demuestra negligencia o connivencia con operadores ilegales. Organizaciones ciudadanas y la Contraloría General de la República tienen facultades para exigir rendición de cuentas, especialmente cuando existen daños comprobados a ecosistemas ribereños y riesgos para la salud pública. El hecho de que solo una empresa artesanal opere en legalidad refuerza la sospecha de que el problema no es técnico, sino de control y cumplimiento.
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Lo ocurrido en San Felipe expone una crisis típica en zonas con presión extractiva: conflictos entre desarrollo económico local y sostenibilidad ambiental, exacerbados por marcos institucionales débiles o mal implementados. Aunque la comuna ha tomado medidas formales —clausuras, denuncias, mesas interinstitucionales—, la persistencia de la ilegalidad pone en duda la suficiencia de estas acciones. La reiterada inoperancia para detener a empresas ya sancionadas sugiere fallas en la cadena de fiscalización o en la capacidad de hacer cumplir las resoluciones adoptadas.
Frente a este panorama, la Municipalidad de San Felipe reafirma su compromiso con la protección del territorio y el Estado de derecho, pero los hechos exigen más que declaraciones: requieren transparencia, rendición de cuentas y una investigación independiente sobre las causas que permitieron la operación ilegal prolongada. Los vecinos, los exfuncionarios que alzaron la voz y el medio ambiente esperan respuestas concretas. La credibilidad institucional de la comuna está en juego. saqueo ambiental
