La Contraloría Regional de Valparaíso emitió un informe que sacudió a la Municipalidad de Putaendo tras una auditoría realizada entre enero y octubre de 2024. El documento, identificado como Informe Final N°97-2025, reveló graves irregularidades administrativas, contables y operativas en la gestión municipal, con más de $120 millones objetados. Los protagonistas del caso incluyen al alcalde local, funcionarios municipales y concejales como Sebastián Caldera, quien denunció reiteradamente las anomalías. El ente fiscalizador identificó fallas sistémicas que van desde contratos irregulares hasta el uso indebido de recursos públicos.
Entre los hallazgos más graves, la Contraloría señaló 27 procedimientos disciplinarios pendientes, algunos abiertos desde hace más de cinco años, y el pago de más de $68 millones en remuneraciones a dos funcionarias suspendidas sin avances en sus causas. Además, se evidenció un severo desorden financiero: la última conciliación bancaria formal de la cuenta principal data de 2021, lo que generó una diferencia contable de $653 millones respecto a los saldos certificados por BancoEstado. Las conciliaciones se realizaban en planillas Excel sin respaldo técnico, ignorando un sistema digital ya contratado para tales fines.
El informe también expuso múltiples irregularidades en contrataciones, como compras fragmentadas, tratos directos sin justificación, órdenes de compra emitidas tras la prestación de servicios y ausencia de documentación obligatoria. Casos emblemáticos incluyen los contratos con las empresas BIO REC y Servicios GEA Ltda., vinculadas a la recolección y disposición de residuos, donde se registraron incumplimientos graves, falta de fiscalización y uso de vehículos no autorizados. Asimismo, se cuestionaron gastos del Carnaval de la Chaya, cuyo presupuesto inicial de $120 millones se sobrepasó hasta los $350 millones, afectando otras partidas como el alumbrado público.
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Además, la auditoría denunció malas prácticas en programas sociales, como la entrega de vales de gas a personas no acreditadas como vulnerables y la asignación verbal de estanques de agua sin respaldo documental. También se objetó la compra por $21,5 millones en giftcards de vestuario para funcionarios municipales y del DAEM, ordenando su restitución. Ante este panorama, la Contraloría exigió a la municipalidad corregir registros, actualizar reglamentos, implementar controles internos y presentar un plan de acción en un plazo de 60 días hábiles, mientras el concejal Caldera advirtió que no descartan llevar el caso a instancias superiores.
