Trabajadores del Cesfam San Felipe El Real realizaron una manifestación la mañana del lunes 24, luego de que una matrona resultara amedrentada por una usuaria al interior del recinto, un hecho que reflejó el aumento de episodios de violencia en la atención primaria y que encendió las alarmas sobre la seguridad de los equipos de salud.
Una jornada marcada por la tensión se vivió en el exterior del Centro de Salud Familiar San Felipe El Real, ubicado en calle Cajales, donde funcionarios y representantes gremiales protestaron para denunciar un nuevo caso de agresión ocurrido dentro del establecimiento. Según relataron los equipos de salud, una usuaria insultó y amenazó a una matrona, presuntamente portando un elemento cortante, lo que generó temor y conmoción entre quienes presenciaron la situación.
Los trabajadores advirtieron que no se trataba de un episodio aislado. Por el contrario, señalaron que en los últimos meses los casos de maltrato verbal y físico hacia el personal se habían vuelto más frecuentes, afectando el clima laboral y la calidad de la atención. Frente a este escenario, la movilización buscó presionar al Cesfam y al Servicio de Salud Aconcagua para que adoptaran medidas inmediatas que garantizaran entornos seguros tanto para funcionarios como para usuarios.
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Entre las demandas expuestas se incluyó el reforzamiento de la vigilancia en los accesos del recinto, la actualización de los protocolos de respuesta ante conductas agresivas y la implementación de apoyo psicológico para los trabajadores afectados por estos hechos. Asimismo, voceras y voceros del movimiento calificaron la situación como “insostenible”, subrayando que el temor con el que muchos equipos estaban desempeñando sus funciones no solo comprometía su bienestar, sino también el de los pacientes.
“No podíamos seguir trabajando bajo amenazas. Esto no solo afectaba a quienes éramos agredidos, sino que también ponía en riesgo a las personas que esperaban una atención tranquila y segura”, expresaron durante la manifestación, insistiendo en que la prevención de la violencia debía convertirse en una prioridad institucional.
