Durante la tarde del martes 9 de diciembre de 2025, Lorena Cofré dejó formalmente su cargo como seremi de Salud de la región de Valparaíso, en medio de una investigación interna del Ministerio de Salud y un proceso disciplinario del Frente Amplio. Su salida se produjo luego de que la periodista Sol Millakura Hernández —exfuncionaria de la misma seremía, militante del mismo partido y persona no binaria— presentara una denuncia por discriminación laboral, maltrato y transfobia, antes de suicidarse el 11 de noviembre pasado.
En una carta remitida a la ministra Ximena Aguilera, Cofré declaró que entregaba su cargo “a disposición” y reiteró su “inocencia categórica” frente a las acusaciones, argumentando que estas habían afectado su integridad personal y profesional. Aclaró que su renuncia se haría efectiva al término de su licencia médica y una vez cumplidos los trámites administrativos. Asimismo, señaló que dedicaría sus esfuerzos a “buscar justicia y esclarecer los hechos”, enfatizando la importancia del debido proceso y la reconstrucción de la confianza institucional.
Paralelamente, el Frente Amplio anunció la suspensión provisional de su militancia, tras la admisibilidad de la causa por parte del tribunal regional del partido, que también ordenó medidas cautelares y fijó una audiencia para analizar el fondo de la denuncia. La decisión se tomó tras la entrega de antecedentes recopilados por la directiva partidaria, los que surgieron a raíz del fallecimiento de Millakura y su denuncia previa por desvinculación injustificada y discriminación por identidad de género en marzo de 2025. Dentro del partido, se reconocía que su salida del cargo era necesaria mientras avanzaba la investigación.
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El caso tomó nueva relevancia tras la emisión de un reportaje de T13, que reveló nuevos detalles sobre la denuncia interpuesta por Millakura antes de su muerte. En ella, la periodista acusaba a la seremía —y específicamente a Cofré— de vulnerar derechos fundamentales, discriminar por identidad de género y ejecutar un despido arbitrario. Estos hechos activaron tanto una investigación interna del Minsal como una fuerte presión social y política sobre el oficialismo, reavivando el debate sobre la protección de personas LGBTQ+ en el sector público y la responsabilidad de las autoridades frente a denuncias de acoso laboral.
