La tensa noche del viernes, en la plazoleta de la población Chile España, un joven de 17 años sufrió un asalto que bien podría haber terminado en tragedia. Mientras manipulaba su iPhone 13, un desconocido se le acercó con aparente normalidad pidiéndole “prestado” el teléfono para una llamada. Pero tan pronto lo tuvo en sus manos, sacó una pistola marca Bruni —arma de fogueo modificada para disparar balas reales—, amenazó con matarlo si intentaba recuperarlo y huyó velozmente, dejando al adolescente en estado de shock. El menor corrió a su casa y contó todo a su madre, quien de inmediato acudió a la comisaría, aunque, por nerviosismo, omitió el crucial detalle del arma en su primera declaración.
Gracias a la astucia del adolescente, la investigación dio un vuelco dramático el sábado: desde su computador, logró rastrear la ubicación del iPhone, que aparecía activo dentro de una vivienda de la misma población. Alertada, su madre llamó nuevamente a Carabineros, quienes acudieron con celeridad y, acompañados por la familia, se dirigieron al domicilio señalado. Al entrevistarse con la dueña de casa y su nieto, descubrieron que este último era el asaltante: allí estaba el iPhone valorado en $550.000 y, tras registrar su habitación, la pistola modificada que había aterrorizado al menor. El detenido, identificado como B.A.E.P., de 18 años, no solo tenía antecedentes penales —cumplía condena por receptación de vehículo bajo libertad vigilada intensiva—, sino que cargaba con un arma que, de haber sido usada, podría haberle costado la vida a su víctima.
La formalización ante el Juzgado de Garantía de Los Andes generó un enfrentamiento jurídico de alto voltaje: el fiscal Jorge Alfaro Figueroa pidió prisión preventiva por los delitos de robo con intimidación y porte ilegal de arma prohibida, destacando la gravedad agravada por la condición de reincidente del imputado. Sin embargo, el defensor público Cristóbal Romero Erices cuestionó la calificación del delito, argumentando que la omisión inicial sobre el arma invalidaba la figura de “intimidación”, reduciendo el caso a un simple robo por sorpresa —mucho menos grave—.
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En una decisión que indignó a la comunidad, el juez Raúl Valenzuela Rodríguez dio la razón al defensor, calificando de “inconsistente” la versión fiscal, y rechazó la prisión preventiva. En su lugar, impuso arraigo nacional, arresto domiciliario total y prohibición de acercamiento a la víctima… una cautelar que muchos califican como peligrosamente laxa para quien portaba una pistola letal y ya tenía antecedentes penales activos. pistola
