En una jornada inédita y de alto impacto político, la alcaldesa de San Felipe, Carmen Castillo, junto a los seis concejales del municipio, fueron sometidos ayer martes por la mañana a un test sorpresa de drogas de orina. La medida se ejecutó tras citarlos a una reunión aparentemente ordinaria para revisar el reglamento interno del concejo municipal, pero que inesperadamente derivó en su traslado al Laboratorio Clínico Diagnomed, centro acreditado en la región para este tipo de análisis.
La iniciativa, que tomó por sorpresa a los propios funcionarios, busca —según fuentes cercanas al proceso— establecer un precedente de transparencia y responsabilidad en el ejercicio del cargo. Sin embargo, expertos en toxicología han cuestionado la eficacia del método utilizado: el test de orina, que solo detecta consumo reciente, en lugar del test de pelo, capaz de revelar el uso de sustancias durante los últimos tres meses.
La tensión en el recinto municipal fue palpable mientras los ediles aguardaban sus resultados, conscientes de que cualquier hallazgo positivo podría desencadenar consecuencias legales y políticas sin antecedentes en la comuna. Pese al carácter voluntario del procedimiento, varios concejales expresaron su molestia por la falta de aviso previo y la naturaleza intrusiva de la medida.
A pesar de toda la inquietud y molestia los concejales Basilio Muena, Guillermo Lillo, Ricardo Covarrubias, Juan Carlos Sabaj y Cesar Laso, dieron a conocer el resultado de sus exámenes, esto sin rastros de Drogas, el concejal Ronal Olivares y la alcaldesa Carmen Castillo no han informado el resultado.
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Lo que comenzó como una revisión burocrática terminó convirtiéndose en un escándalo mediático que pone en jaque la confianza ciudadana en sus autoridades locales. Mientras la comunidad exige respuestas, el caso abre un intenso debate sobre los límites éticos del control público y la necesidad de protocolos más rigurosos —y representativos en el tiempo— para garantizar la integridad de quienes gobiernan. test de drogas
