La Contraloría Regional de Valparaíso comprobó incumplimientos administrativos en la Municipalidad de San Felipe tras fiscalizar hechos ocurridos entre 2024 y 2025, y notificó a la alcaldesa sobre el uso indebido de horas laborales por el abogado José Mardini Vélez, la asignación de funciones cruzadas a la profesional María Teresa Urbina Hernández y la postergación del debate sobre auditorías solicitadas por el concejal Ronald Olivares Cruz.
El organismo fiscalizador verificó que el servidor a honorarios José Mardini Vélez asistió a dieciséis audiencias judiciales de carácter particular mientras sus planillas municipales registraban ingreso y salida sin novedades. Las comparecencias se realizaron en tribunales de Los Andes y San Felipe, lo que generó una superposición directa con su jornada contractual. La entidad determinó que esta práctica vulneró la probidad administrativa y exigió el reintegro de los emolumentos percibidos en esos periodos, junto con la instrucción inmediata de un sumario disciplinario.
Respecto a la funcionaria de SECPLA María Teresa Urbina, la investigación desestimó los cuestionamientos sobre un sueldo desproporcionado, al confirmar que sus remuneraciones se ajustaron estrictamente al grado 8 de la planta profesional. No obstante, los inspectores constataron que la servidora ejecutó tareas propias de la Dirección de Desarrollo Comunitario, lo cual contravino la normativa orgánica municipal. El informe ordenó al municipio regularizar dicha situación mediante encomendación o comisión de servicio, garantizando así el respeto a las competencias legales.
Paralelamente, el documento abordó las reiteradas solicitudes del edil Ronald Olivares Cruz para contratar evaluaciones externas, las cuales quedaron sin votación formal en el Concejo durante las sesiones de 2025 y 2026. Aunque el presupuesto municipal del presente año destinó cien millones de pesos para financiar estas revisiones, la legislación vigente estableció que solo el pleno municipal podía autorizar su ejecución mediante acuerdo. La Contraloría reiteró que esta facultad correspondía exclusivamente a los concejales.
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El oficio concedió un plazo de sesenta días hábiles para que la administración comuna acreditara el cumplimiento de las medidas correctivas a través del sistema institucional de seguimiento. Asimismo, fijó un límite de quince días hábiles para remitir el acto administrativo que iniciara el proceso disciplinario contra el funcionario irregular. Estas determinaciones reforzaron el rol de vigilancia externa y enviaron una señal clara sobre la obligación de transparentar el uso de fondos públicos.
