Los dirigentes sindicales denunciaron que el Ministerio de Hacienda promulgó, durante la última semana, el Decreto N° 333 que recortó un 2,5 % los fondos del sector salud. Esta medida afectara inmediatamente la red asistencial del Valle de Aconcagua y generando un estado de alerta generalizado entre las organizaciones. ajuste presupuestario
Las autoridades gremiales señalaron que esta determinación golpeara directamente a los, centros familiares y unidades comunitarias de salud mental de las provincias de Los Andes y San Felipe. Dichos establecimientos ya enfrentaban una demanda asistencial crítica y operaban bajo un modelo profundamente tensionado.
Daniel Bartch, presidente de la organización regional, reveló que el impacto económico ascenderá a más de dos mil cuarenta y siete millones de pesos, los montos del recorte presupuestario corresponden al siguiente detalle: dirección del Servicio de Salud Aconcagua: $298.681.000, Hospital San Camilo de San Felipe: $768.202.000; Hospital San Juan de Dios de Los Andes: $467.462.000; Hospital San Francisco de Llay Llay: $103.365.000, Hospital San Antonio de Putaendo: $54.790.000, Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel de Putaendo: $229.366.000, Cesfam San Felipe El Real: $44.165.000, Cesfam Cordillera Andina: $39.178.000, Cesfam de Llay Llay: $15.226.000; Cosam San Felipe: $15.948.000, Cosam Los Andes: $11.239.000. El dirigente advirtió que el ajuste gubernamental generó una amenaza inminente sobre las listas de espera y profundizó la precariedad laboral.
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Claudia Tapia, dirigente de la zona, enfatizó que la disminución de recursos afectó gravemente la adquisición de fármacos, insumos clínicos, infraestructura básica y la contratación de personal especializado. La representante sindical sostuvo que la medida comprometió directamente la vida de los pacientes y deterioró la calidad asistencial regional.
Los representantes sindicales exigieron a las autoridades competentes la reversión inmediata de la medida y la transparencia sobre la liquidez presupuestaria real del sistema. Las organizaciones reiteraron que el ajuste nacional debilitó la red pública y favoreció procesos de privatización, por lo que anunciaron la intensificación de su lucha contra el desfinanciamiento.
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