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Prisión preventiva para conductor que huyó tras atropellar y dar muerte a mujer en Los Andes

El Juzgado de Garantía de Los Andes decretó prisión preventiva contra un conductor tras formalizarlo por atropellar con resultado de muerte a una mujer durante la madrugada del domingo. El tribunal acogió la medida tras confirmar su huida y aplicar la Ley Emilia por el fatal suceso que conmocionó a la comuna en esa madrugada. atropellar y dar muerte 
El fatal accidente de tránsito se registró alrededor de las 5:00 horas en la avenida Hermanos Clark, específicamente frente al Complejo Quillagua y a pocos metros del Puente David García. El vehículo impactó a Isabel Adriana Díaz Meneses, de 34 años, ocasionándole lesiones de extrema gravedad que le provocaron la muerte inmediata en el lugar.
El fiscal Rodolfo Robles detalló que el sujeto imputado I.C.V.A., de 48 años conducía en estado de ebriedad en dirección a San Esteban y, tras embestir a la víctima, prosiguió su marcha sin prestar auxilio. Las diligencias policiales y la prueba de alcotest confirmaron que el imputado presentaba 0,99 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del control.
En su declaración policial, el hombre de 48 años reconoció ser el conductor habitual del automóvil, pero aseguró haber participado en una actividad familiar el sábado donde ingirió alcohol hasta la noche. El imputado manifestó ante Carabineros que no recordaba absolutamente nada sobre el atropello ni sobre la manera en que regresó a su domicilio.
La Fiscalía formalizó al sujeto por múltiples delitos, invocando la Ley Emilia que obliga a un año de prisión preventiva por muertes viales. Sin embargo, el defensor Cristóbal Romero se opuso a la cautelar argumentando falta de pruebas concretas de conducción y solicitó rebajar los cargos a cuasidelito de homicidio y conducción ebria.
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Finalmente, el magistrado Daniel Chaucón determinó el ingreso del imputado a la Cárcel de Los Andes al estimar que su libertad representaba un peligro para la seguridad de la sociedad. Además de acoger la prisión preventiva por el riesgo social, el juez fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación.

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