La Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró ilegal la autorización judicial de un allanamiento de la PDI en la Municipalidad de Llay Llay. El tribunal ordenó dejar sin efecto la incautación de equipos tras un operativo ocurrido el pasado once de septiembre. Esta resolución acogió un recurso de amparo presentado por la Directora Jurídica comunal.
El fallo del tribunal de alza favoreció a la abogada Camila Órdenes, quien interpuso la acción judicial en su defensa. Los ministros determinaron que la medida cautelar se dispuso de manera completamente infundada por la policía. Además, establecieron que existió una total ausencia de antecedentes que vincularan a la funcionaria con los delitos.
El alcalde Edgardo González manifestó su profundo descontento con el actuar de los funcionarios de la Bridec de Los Andes. El jefe comunal calificó como extrema gravedad que la policía vulnerara las garantías constitucionales de los trabajadores municipales. Asimismo, exigió una pronta respuesta institucional para sancionar estos excesos en el ejercicio de la función pública.
Los hechos se originaron cuando más de una decena de efectivos policiales llegó al municipio solicitando la entrega voluntaria de equipos. Esta petición inusual se realizó sin contar con una orden judicial debidamente fundada que respaldara la acción policial. Ante la negativa, el administrador municipal fue retenido por cuatro horas sin derecho a comunicarse.
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Pese a la victoria judicial del municipio, el abogado querellante Raimundo Palamara aclaró que el escenario legal de los funcionarios no cambió. El profesional precisó que el recurso de amparo fue presentado por personas distintas a los querellados originales en el caso. Por este motivo, el representante legal no descartó la posibilidad de ampliar la querella.
Mientras el panorama jurídico se mantuvo sin modificaciones tras el fallo de la Corte, las autoridades comunales prepararon sus propios movimientos. Desde el municipio informaron que esperaban la aplicación inmediata de los sumarios administrativos correspondientes contra los policías. Estas acciones buscaron sancionar el actuar del personal, el cual catalogaron como una falta de máxima gravedad.
