A un día de que se cumplan siete años del estallido social, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) señaló que el Estado de Chile continúa con una «grave deuda» respecto al cumplimiento de sus obligaciones en materia de verdad y justicia, reparación y no repetición.
De acuerdo con datos de Fiscalía, durante las manifestaciones del 18-O se cometieron más de 35 mil delitos con casi 22 mil imputados conocidos y más de 20 mil víctimas. El ilícito más frecuente fue la violencia institucional cometida por agentes del Estado, con un 34,1%.
Le siguen los saqueos y delitos contra la propiedad (31,7%) y desórdenes públicos (22,7%) y, en materia de víctimas de trauma ocular, se contabilizan 464, de las cuales 230 tuvieron algún grado de pérdida visual y dos sufrieron ceguera total bilateral.
Asimismo, hubo más de 12 mil denuncias por violencia institucional, de los cuales solo 219 terminaron con una sentencia condenatoria y la mayoría de las fueron archivadas, sobreseídas o no perseveraron.
Ante esto, el director del INDH, Yerko Ljubetic, señaló que «a los Estados, desde el punto de vista de los derechos humanos, les surgen obligaciones que son ineludibles: establecer la verdad y la justicia sobre lo ocurrido, formas efectivas de reparación y consolidar garantías de no repetición».
«Es decir, el Estado de Chile continúa con una grave deuda y con grandes pendientes en estas materias. Todavía sigue siendo bajísima la tasa de resultados para establecer la responsabilidades y, desde el punto de vista de la reparación, hay enormes insuficiencias en hacerse cargo de las secuelas que han afectado a las víctimas de violaciones de DD.HH., particularmente en la dimensión relativa a la salud de estas personas. Por último, en materia de garantías de no repetición, vemos que lo que ha ocurrido va en la dirección contraria», sostuvo.
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En paralelo, una encuesta de Pulso Ciudadano arrojó que el 64% considera que el estallido social fue un episodio negativo para el país, lo que constituye un aumento de siete puntos porcentuales respecto al año 2024.
El sondeo también reveló que solo un 31% considera necesario lo sucedido, lo que bajó considerablemente respecto a la medición anterior, que cifró un 46%. En la misma línea, quienes consideran el estallido como innecesario aumentó de un 36 a un 52%.
