En la noche del martes 9 de diciembre de 2025, funcionarios de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la Tercera Comisaría de Carabineros detuvieron a una mujer de 55 años y un joven de 22 en la plaza de armas de Los Andes, tras sorprenderlos en plena comercialización de drogas. La intervención se produjo durante una ronda preventiva en la esquina de calles O’Higgins con Maipú, donde los uniformados observaron a la pareja manipulando bolsas sospechosas. Tras advertir la presencia policial, el joven intentó ocultar una bolsa con sustancia vegetal en un bolso, lo que motivó su inmediata fiscalización. drogas y contrabando
Durante la revisión, los uniformados hallaron en poder del joven diez envoltorios con cannabis sativa, una pesa gramera y 40 mil pesos en efectivo, dinero presuntamente obtenido con la venta ilegal de estupefacientes. En el caso de la mujer, de iniciales S.E.M.P., se encontraron 102 cajetillas de cigarrillos de contrabando —marcas no comercializadas en Chile—, un cortaplumas y una hoja de acero afilada, elementos que evidenciaban actividades ilícitas paralelas. El imputado, identificado como J.M.A.L., registra antecedentes penales por violación, abuso sexual y tráfico en pequeñas cantidades, lo que agravó la evaluación del caso por parte del Ministerio Público.
Ambos fueron trasladados al Juzgado de Garantía de Los Andes, donde el fiscal Rodolfo Robles Mora formalizó a la pareja por el delito de tráfico en pequeñas cantidades. Además, a la mujer se le imputó porte ilegal de arma blanca y contrabando. Durante la audiencia, la defensora pública Ana-Karem González Casanova presentó un carnet que acredita discapacidad física y mental de la imputada, lo que llevó a la jueza Valeria Crosa a suspender el procedimiento hasta que se realicen los exámenes psiquiátricos necesarios para determinar su imputabilidad penal, tal como exige el Código Procesal Penal.
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En tanto, respecto al joven, el fiscal solicitó y la jueza decretó medidas cautelares consistentes en arraigo nacional y firma mensual en la unidad policial durante los próximos seis meses, período estimado para la investigación. El caso evidencia la persistente problemática del microtráfico en espacios públicos, particularmente en zonas céntricas, y pone en relieve los desafíos que enfrenta la justicia al lidiar con imputados con vulnerabilidades psicosociales y antecedentes penales graves. Las autoridades reiteraron su compromiso con operativos preventivos focalizados en sectores de alta concurrencia ciudadana.
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