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Funcionarios de planta denuncian traición de confianza en Municipio de San Felipe

Un grupo de funcionarios de carrera del municipio de San Felipe —entre ellos la secretaria municipal Marillac Cortés, el jefe de Finanzas Víctor Henríquez, la tesorera Berta Vargas y el director de Tránsito Guillermo Orellana— denunció haber sido traicionado por altos funcionarios de confianza de la alcaldesa Carmen Castillo. Tras enterarse de forma casual de la respuesta oficial enviada a un preinforme de la Contraloría General de la República, los trabajadores descubrieron que sus nombres y responsabilidades habían sido manipulados para proteger a quienes realmente fallaron en la gestión del DAEM, dejándolos expuestos a sanciones administrativas sin siquiera ser consultados.

La indignación de los denunciantes se centra en cómo el Administrador Municipal y el Director Jurídico, personal de confianza de la primera autoridad comunal, redactaron una defensa engañosa que exculpaba a la directora del DAEM y a sus colaboradores Yolanda y Esteban, pese a que fueron ellos quienes permitieron que una funcionaria llamada Gissele montara una “operatoria sistemática de defraudación”. Peor aún, la respuesta municipal intentó presentar a Yolanda y a Natalia —esta última descrita como la única persona de confianza de la alcaldesa dentro del DAEM— como heroínas que descubrieron el fraude, cuando en realidad fueron parte del problema por negligencia y falta de controles.

Lo más grave, según los firmantes, es que todo se hizo a sus espaldas, en una maniobra que califican como “desleal”. Mientras ellos, con años de servicio y lealtad institucional, se mantuvieron disponibles para agilizar trámites y firmar documentos en tiempo y forma, los funcionarios de confianza orquestaron una versión falsa que blindaba a sus aliados y enterraba las fallas estructurales del municipio: desde irregularidades con la empresa SMC hasta el caos en el depósito de autos y modificaciones presupuestarias arbitrarias. A más de un año del escándalo, no hay sumarios concluidos ni investigaciones transparentes, lo que sugiere un encubrimiento deliberado.

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Este caso, aseguran los denunciantes, no solo pone en riesgo sus carreras, sino que corrompe la ética del servicio público. Critican que, en lugar de corregir errores en una instancia clave como la respuesta a la Contraloría, se prefirió sacrificar a los funcionarios de planta para salvar las apariencias de un círculo íntimo de poder. “Nos usaron como escudos humanos”, denuncian, mientras exigen que la justicia administrativa recaiga donde realmente corresponde: en quienes, desde la confianza de la alcaldesa, traicionaron no solo a sus colegas, sino al pueblo de San Felipe.

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