En un acto que busca garantizar la transparencia administrativa en la Municipalidad de Putaendo, cuatro de los seis concejales han presentado una denuncia formal ante la Contraloría General de la República en Valparaíso. Esta acción conjunta tiene como objetivo investigar las graves irregularidades detectadas en un Informe de Auditoría Interna de la municipalidad, que denuncia retrasos de hasta 809 días en los pagos a proveedores. Barchiesi
La iniciativa ahora también cuenta con el apoyo de la diputada Chiara Barchiesi y el concejal Sebastián Caldera, ambos del Partido Republicano, quienes destacan la urgencia de aclarar y sancionar los hechos revelados en la auditoría. Según Barchiesi, la actual administración está incurriendo en violaciones sistemáticas a la normativa de contratación pública, lo que podría comprometer los recursos locales. «Esto es inaceptable», enfatizó la diputada.
El concejal Caldera agregó que la auditoría revela un uso excesivo e injustificado del trato directo como modalidad de contratación, lo que convierte a Putaendo en el municipio con el mayor porcentaje de estos trámites en la región. “La situación es alarmante, además de los inaceptables retrasos en el pago de facturas que han llegado a prolongarse hasta 809 días. Estas prácticas no solo afectan la transparencia de la gestión municipal, sino que también perjudican a los proveedores locales y a la comunidad en general”, indicó.
La diputada Barchiesi también criticó severamente a la administración actual, señalando que “el elevado porcentaje de tratos directos, junto con los prolongados atrasos en los pagos, evidencian una serie de malas prácticas que requieren una fiscalización exhaustiva. Destaco el trabajo de los concejales de Putaendo, en particular a Caldera y Ortiz, quienes han trabajado en conjunto para realizar diversas fiscalizaciones en estos años”.
Los concejales Miguel Ortiz, Marta Silva y Mariana Bravo corroboraron otros hallazgos significativos, como la falta de documentación de respaldo en 27 procesos de la Dirección de Administración y Finanzas, así como la emisión de certificados de disponibilidad presupuestaria sin la firma correspondiente. “Ya habíamos advertido sobre estas irregularidades, pero la auditoría confirmó la gravedad de la situación. Esperamos que la Contraloría actúe pronto y ponga fin a estas malas prácticas”, concluyó Caldera.
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La denuncia presentada marca un hito importante en la política local de Putaendo, reflejando una creciente preocupación por la transparencia en el uso de recursos públicos. Ahora, la comunidad espera atentamente el pronunciamiento de la Contraloría General de la República, con la esperanza de que se tomen las medidas necesarias y se determinen las responsabilidades correspondientes.
