Carabineros detuvieron a un sujeto conocido en el mundo del hampa como el “Costalazo”, minutos después de haber perpetrado un considerable robo de herramientas en una vivienda desocupada. El incidente ocurrió cerca de las 15:30 horas en la esquina de pasaje Balmaceda con calle San Rafael.
Según los informes policiales, el delincuente llegó al domicilio y, tras desmontar el portón de acceso, ingresó al patio de la propiedad. En un corto período, logró sustraer una rueda de carretilla, taladros, esmeriles eléctricos y diversas herramientas, que fueron avaluadas en más de un millón de pesos.
El maleante abandonó el lugar con las especies en su poder, pero fue observado por un residente del sector, quien decidió alertar a Carabineros de la situación. Gracias a la pronta respuesta de una patrulla, los agentes lograron ubicar al sospechoso utilizando las características físicas y vestimentas proporcionadas por el testigo.
Al ser fiscalizado por los Carabineros, el “Costalazo” intentó justificar la posesión de las herramientas, alegando que eran de su propiedad, una declaración que contradecía lo informado por el testigo. Esto llevó a su detención en el acto.
Poco después, llegó al lugar de los hechos el propietario de la vivienda, quien reconoció las herramientas como de su pertenencia y reveló a los funcionarios que el mismo antisocial había ingresado a su casa en al menos tres ocasiones anteriores, sustrayendo también herramientas en esos robos.
El detenido, identificado como C.A.L.L., de 46 años, cuenta con un extenso prontuario delictual, con antecedentes principalmente por delitos de robo. Fue presentado ante el Juzgado de Garantía de Los Andes, donde el fiscal Ricardo Reinoso Varas formalizó cargos en su contra por el delito de robo en lugar habitado en grado de consumado.
La magistrada Valeria Crosa Chiappe atendió la solicitud del Ministerio Público y decretó prisión preventiva para el “Costalazo”, argumentando que su libertad representaba un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, la jueza estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación, revocando una pena sustitutiva de prestación de servicios a la comunidad que el imputado había recibido previamente por otro delito de robo.
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Este incidente subraya la preocupación constante por la seguridad en la comunidad de Los Andes, así como la determinación de las autoridades para combatir el crimen y proteger a los ciudadanos.
