El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago desestimó la solicitud de Fiscalía de dejar en prisión preventiva a la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, imputada por delitos de fraude al fisco y falsificación y/o uso malicioso de instrumento público, hechos presuntamente ocurridos entre 2016 y 2021.
El juez Hugo Salgado estimó que aunque se logró comprobar la existencia del delito y la «cantidad exorbitante» de recursos públicos involucrados, Barriga no es un peligro para la seguridad de la sociedad y su participación en el proceso hace poco probable un peligro de fuga.
Ante esta situación, la exautoridad deberá cumplir con las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con testigos o imputados en el hecho.
Mientras tanto, la otra involucrada en el caso, Ana María Cortés, deberá cumplir con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional por los 120 días de investigación.
Tras la audiencia, la fiscal Constanza Encina comentó que «no compartimos en absoluto la decisión (…) vamos a apelar en la Corte. Efectivamente consideramos que es un peligro para la seguridad de la sociedad y hoy día replicó el juez que el monto del perjuicio fiscal es exorbitante, así lo calificó y así vamos a ir a sostenerlo a la Corte, porque creemos que es muy grave».
Por su parte, José Pedro Silva, abogado de la Municipalidad de Maipú, dijo que «nosotros adheríamos a la petición del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado en orden a que se debía decretar la prisión preventiva de la exalcaldesa. Sin embargo, se optó por el arresto domiciliario total como medida cautelar, y lo que nosotros rescatamos es que el magistrado dio por acreditado las letras a y b, que son todos los antecedentes que nosotros siempre pusimos a disposición del Ministerio Público y que se dieron por acreditados de la participación y los delitos que le imputó el Ministerio Público».
«Si bien creemos que corresponde apelar por parte del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado para que se decrete la prisión preventiva, (la cautelar definida) es la segunda medida más intensa que establece nuestro ordenamiento jurídico, en orden a tener arresto domiciliario total», añadió.
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El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, lamentó que «es un perjuicio no solo para la institución municipal, que hoy día tiene que pagar 31 mil millones en deudas, sino que por sobre todo para sus vecinos que tienen que ver cómo hoy día lamentablemente el municipio, en lugar de utilizar recursos para entregar ayudas sociales, para entregar medicamentos, para mejorar infraestructura en escuelas o para pavimentar calles, tiene que estar sencillamente haciéndose cargo de deudas». Barriga
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