Un caso de evidente crueldad animal ha generado consternación en la comunidad de San Felipe tras la muerte de un perro que fue calcinado en su jaula durante un incendio ocurrido en un local comercial chino el pasado jueves 21 de noviembre. La alcaldesa Carmen Castillo expresó su indignación y el compromiso de la municipalidad para tomar todas las acciones legales necesarias contra los responsables de este hecho.
Desde la Veterinaria Municipal, se alertó a los inspectores de la Dirección de Seguridad Pública y a Carabineros, quienes se trasladaron al lugar y encontraron el cuerpo del animal en una jaula, afectado por las llamas de un incendio que todavía está siendo investigado. En la acción, el dueño del establecimiento fue detenido por maltrato animal en flagrancia.
La alcaldesa astillo, visiblemente impactada, declaró que “es una noticia grave porque hay un maltrato animal, algo que no se acepta y que no vamos a dejar pasar”. Estas declaraciones se dieron fuera del Juzgado de Garantía de San Felipe, donde se formalizó una querella criminal por maltrato animal con resultado de muerte.
El director jurídico de la municipalidad, Mario Fuentes, explicó que la querella se dirige específicamente contra el propietario del local. “Tengo entendido que horas después de su detención, el dueño quedó en libertad apercibido, sujeto a la investigación correspondiente”, señaló, subrayando el rigor de la alcaldesa para asegurar que este tipo de atrocidades no queden impunes.
Sobre las posibles consecuencias legales, Fuentes indicó que el delito de maltrato animal con resultado de muerte puede conllevar penas que van desde 61 días hasta un máximo de 3 años de prisión. El abogado enfatizó la gravedad del caso y la firme postura de la administración municipal.
Referente a las sanciones contra el local, Fuentes aclaró que la normativa legal vigente en materia de patentes es restrictiva y no permite la cancelación de una patente debido a la comisión de un delito. Sin embargo, mencionó que se están buscando opciones a través del departamento jurídico de la Delegación Presidencial Provincial.
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Este trágico evento ha reavivado el debate sobre la protección de los derechos de los animales en la región, subrayando la necesidad de fortalecer las leyes y regulaciones que garanticen su bienestar. La comunidad espera que este caso sirva de precedente y que las autoridades actúen con firmeza para evitar que actos de crueldad animal se repitan en el futuro.
