La Mesa Ciudadana de Cambio Climático, integrada por diez organizaciones civiles, ha señalado que, tras la finalización de la COP-29 en Bakú, las políticas climáticas de Chile requieren una intervención inmediata. A pesar de las promesas hechas en las negociaciones internacionales, las autoridades chilenas aún no han implementado medidas efectivas, lo que pone en grave riesgo el futuro del país frente a los crecientes efectos del cambio climático.
En 2014, diez organizaciones de la sociedad civil crearon la Mesa Ciudadana de Cambio Climático, con el objetivo de hacer seguimiento a las políticas públicas nacionales y al proceso de negociaciones internacionales en el ámbito climático. Desde su formación, la mesa ha insistido en la necesidad de aumentar la ambición de los tomadores de decisiones, buscando un compromiso real en la lucha contra el cambio climático.
A pesar de los esfuerzos internacionales, como la reciente COP-29, la situación climática en Chile sigue siendo alarmante. Los impactos del cambio climático continúan deteriorando los ecosistemas y afectando las comunidades, particularmente en áreas rurales. La falta de políticas eficaces y la tardanza en implementar las leyes vigentes están agravando la crisis medioambiental en el país.
Uno de los puntos críticos es la Ley de Cambio Climático, aprobada en 2022. A pesar de ser un avance significativo, su aplicación sigue siendo insuficiente. Dos años después de su promulgación, la falta de reglamentos claros y la inacción en la implementación de sus disposiciones están permitiendo que los daños causados por el cambio climático se intensifiquen sin control.
La Mesa Ciudadana también ha mostrado su preocupación por el cumplimiento de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) de Chile, establecidas en el marco del Acuerdo de París. A pesar de los compromisos asumidos en 2020, el país aún enfrenta enormes desafíos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar la carbono neutralidad. Especialmente, las zonas rurales, que dependen de su entorno natural, ven con preocupación cómo se ejecutan las políticas climáticas sin un acceso adecuado a la información.
Además, la falta de transparencia en el cumplimiento de las NDCs es un factor crítico. No existen mecanismos claros para monitorear los avances y medir el impacto de las políticas climáticas. La sociedad civil y las comunidades afectadas no tienen acceso a información relevante sobre las acciones del gobierno y el estado de implementación de los compromisos internacionales.
En cuanto a la Quinta Comunicación Nacional, la cual reporta sobre los avances de Chile en mitigación y adaptación al cambio climático, la falta de resultados tangibles es preocupante. A pesar de los talleres participativos organizados, aún se desconocen los avances y enfoques adoptados, lo que refleja una desconexión entre las políticas públicas y las necesidades reales del país.
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Un elemento crucial para enfrentar la crisis climática es el Inventario de Emisiones de Chile, que permite monitorear las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, la última actualización de este inventario es de 2020, lo que retrasa la posibilidad de implementar medidas eficaces de mitigación. Además, el debate sobre el «hidrógeno verde» y sus impactos medioambientales ha generado serias preocupaciones, especialmente en la región de Magallanes, donde los megaproyectos asociados a esta industria podrían causar daños irreparables al ecosistema.
Otro tema de relevancia es el Plan de Acción Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que aún no se ha implementado adecuadamente. Aunque existen planes regionales y sectoriales, la falta de coordinación y recursos está impidiendo que estos planes tengan un impacto real en la protección de los territorios y la adaptación a los efectos del cambio climático. Las comunidades locales siguen esperando medidas efectivas que enfrenten la realidad de su entorno.
La descarbonización es una de las metas más ambiciosas de Chile, con el objetivo de alcanzar la carbono neutralidad para 2050. Sin embargo, el cierre de las centrales a carbón ha sido problemático, con comunidades afectadas por la falta de planes de transición justa. Además, el uso acelerado del carbón ha intensificado la contaminación, lo que dificulta cumplir con los compromisos internacionales en materia de reducción de emisiones.
Finalmente, la actualización de las NDCs debe ser una prioridad para el gobierno. La sociedad civil exige que se incluyan medidas concretas para abordar los efectos del cambio climático de manera justa y equitativa, especialmente para las comunidades más vulnerables. Es imperativo que Chile utilice su influencia en la región para fortalecer los mecanismos internacionales de financiamiento y adaptación, mientras asegura que los compromisos climáticos sean coherentes con las necesidades del país.
