La Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT) concluyó este Lunes en San Felipe una gira nacional destinada a presentar los resultados de dos estudios sobre violencia y acoso laboral en Chile, revelando un preocupante colapso en la Dirección del Trabajo —con más de 44.000 denuncias acumuladas hasta junio de 2025— y una crisis de salud mental entre las víctimas, algunas de las cuales, según testimonios recogidos, llegaron al extremo de quitarse la vida. El evento, liderado por Karen Palma Tapia, vicepresidenta Nacional de la Mujer, Igualdad y Género de la CUT, subrayó la urgencia de fortalecer la institucionalidad y la protección real de quienes denuncian maltrato en sus lugares de trabajo.
Durante su intervención en el valle de Aconcagua, Palma Tapia explicó que la gira —que incluyó paradas en Antofagasta, Copiapó, Temuco y Concepción— buscó no solo difundir hallazgos del estudio, sino también escuchar directamente a trabajadores y trabajadoras sobre sus experiencias cotidianas con la violencia laboral. “A veces los lugares más cercanos a Santiago quedan postergados, y por eso decidimos cerrar aquí, en San Felipe”, señaló.
Los resultados del análisis evidenciaron un avance en la disposición de las personas a denunciar situaciones de acoso, gracias a la implementación de la Ley CARIM (Contra el Acoso y la Violencia en el Trabajo), pero también una grave falla en la capacidad del Estado para dar respuestas oportunas y efectivas. “Hoy existe cierta tranquilidad para denunciar, pero no para ser atendido”, afirmó Palma, aludiendo al colapso administrativo de la Dirección del Trabajo.
Uno de los aspectos más alarmantes destacados fue el impacto en la salud mental de las víctimas. “Hemos escuchado casos extremos, incluso de personas que se han quitado la vida producto del acoso laboral”, lamentó la dirigente, quien enfatizó el rol clave que deberían cumplir las mutualidades en la atención temprana y el acompañamiento psicosocial. Sin embargo, denunció que muchas veces estas instituciones no asumen su responsabilidad plenamente.
El estudio también reveló que la violencia no se limita al ámbito laboral formal, sino que permea otros espacios como sindicatos, calles y organizaciones sociales, lo que exige, según la CUT, una estrategia integral que vaya más allá de la normativa vigente. “Necesitamos más herramientas para las organizaciones y más institucionalidad que proteja de verdad a quienes sufren estas situaciones”, sostuvo.
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En el contexto electoral, Palma Tapia emitió un llamado explícito a los trabajadores y trabajadoras a informarse sobre los programas de gobierno de los candidatos presidenciales y parlamentarios. “No le damos lo mismo a cualquier gobierno. Estamos en pro de quienes defienden los derechos laborales”, afirmó, criticando a sectores de la derecha y del empresariado que, según señaló, han impulsado una ofensiva contra leyes como la CARIM, la jornada de 40 horas y la conciliación laboral-familiar, argumentando que generan desempleo.
La dirigente advirtió que varios proyectos de ley impulsados por el gobierno actual han sido “entrampados” en el Congreso por parlamentarios opositores, lo que pone en riesgo avances clave en materia de derechos laborales y protección contra la violencia. “Detrás de frases elocuentes muchas veces no hay medidas concretas. Por eso, es vital que los trabajadores lean, pregunten y exijan coherencia”, concluyó.
Con este cierre en San Felipe, la CUT reafirma su compromiso con la defensa de los derechos laborales y la erradicación de toda forma de violencia en el mundo del trabajo, mientras insta a la ciudadanía a participar activamente en la definición del futuro político del país.