La empresa distribuidora de energía eléctrica Chilquinta fue sancionada con una multa de 800 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalente a $55.412.000 según el valor vigente en octubre de 2025, tras comprobarse que emitió boletas con montos no basados en lecturas reales de consumo, afectando a decenas de clientes en las provincias de Los Andes y San Felipe.
La sanción fue impuesta por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) luego de una investigación que reveló que, entre marzo y junio de 2025, la compañía facturó hasta 30 veces el promedio histórico de consumo de sus usuarios —alzas de hasta 3.000%— utilizando estimaciones arbitrarias y una metodología no documentada.
La SEC detalló en su resolución que, en al menos 61 servicios ubicados en ambas provincias, Chilquinta generó facturas “en base a cantidades que no correspondían a las que efectivamente constaban en los equipos de medida de sus usuarios”, contraviniendo lo establecido en la normativa vigente.
Según el organismo fiscalizador, la empresa no solo omitió realizar lecturas reales durante varios meses, sino que además aplicó ajustes posteriores de forma irregular en un intento de corregir los errores, lo que agravó la confusión y el perjuicio económico para los afectados.
Este caso tuvo sus orígenes en julio de 2025, cuando la SEC cursó formalmente cargos contra Chilquinta tras recibir múltiples reclamos de usuarios residenciales que denunciaron montos excesivos en sus cuentas de luz.
La investigación posterior confirmó que la compañía había abandonado el uso de datos reales de consumo y, en su lugar, recurrió a proyecciones no validadas ni comunicadas a los clientes, violando así los principios de equidad y veracidad exigidos por la ley.
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Ante la resolución sancionatoria, Chilquinta dispone de cinco días hábiles para presentar una impugnación ante la propia SEC y, en caso de no obtener una respuesta favorable, tiene un plazo de 10 días para recurrir ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Mientras tanto, la Superintendencia reiteró su compromiso de velar por la correcta prestación de servicios públicos y anunció que continuará monitoreando de cerca las prácticas de las empresas distribuidoras para evitar nuevos episodios de facturación irregular que afecten a la ciudadanía.
