El jueves 13 de noviembre de 2025, miles de funcionarias y funcionarios del Instituto de Previsión Social (IPS) realizaron una movilización masiva en todo el territorio nacional en respuesta a la negativa del Ministerio de Hacienda a dar curso a un acuerdo tripartito firmado el 7 de agosto del mismo año. La medida marcó un punto de quiebre en una negociación que se extendió por meses y que, según los trabajadores, fue ignorada sistemáticamente por la cartera de Hacienda, pese a compromisos formales y la mediación de actores clave como la Subsecretaría de Previsión Social y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). La movilización adquiere relevancia no solo por su escala y carácter pacífico, sino porque pone en jaque la relación entre el Estado y sus trabajadores en un organismo esencial para la implementación de la reforma de pensiones y la provisión de seguridad social en Chile.
A través de una declaración pública emitida por la Asociación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del IPS (ANATRINP), los funcionarios denunciaron que, tras meses de silencio y ausencia de respuestas, el Ministerio de Hacienda les comunicó —apenas un día antes de la movilización— una respuesta “negativa, insuficiente y extemporánea” a las propuestas contenidas en el Protocolo de Acuerdo. Este documento, resultado de un proceso técnico y participativo, proponía la creación de una Asignación de Seguridad Social y un nuevo Decreto con Fuerza de Ley (DFL) de Planta, ambos orientados a reconocer las crecientes responsabilidades del personal del IPS y a modernizar su estructura institucional.
“Somos el rostro del Estado ante millones de personas”, afirmó ANATRINP en su comunicado, recordando que sus equipos han estado en primera línea durante catástrofes, la pandemia y crisis económicas, sin interrupción en la atención. Pese a ello, desde 2008 —tras la primera reforma de pensiones—, el personal del IPS ha esperado una retribución justa que refleje la magnitud y complejidad de sus tareas. La organización sindical enfatizó que su demanda no responde a intereses corporativos, sino a la necesidad de dotar al sistema de seguridad social de las condiciones laborales mínimas para funcionar con dignidad y eficacia.
La movilización del 13 de noviembre fue coordinada de forma simultánea en todas las regiones del país, con concentraciones frente a oficinas del IPS y dependencias de ChileAtiende. Los trabajadores reiteraron su compromiso con la ciudadanía, pero advirtieron que continuarán en estado de movilización “hasta conquistar lo que es justo, legítimo y comprometido previamente por las autoridades del actual Gobierno”.
La tensión entre ANATRINP y el Ministerio de Hacienda pone en evidencia un vacío en la política de diálogo social del Ejecutivo, especialmente en un momento en que el país avanza en transformaciones estructurales como la reforma previsional. Expertos en gestión pública señalan que ignorar los acuerdos alcanzados con los trabajadores del IPS no solo erosiona la confianza institucional, sino que pone en riesgo la implementación operativa de políticas clave para la población.
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ANATRINP exigió al Gobierno cuatro medidas concretas: el respeto irrestricto al acuerdo del 7 de agosto, el reconocimiento efectivo a la labor del personal del IPS, una respuesta oportuna y responsable a sus demandas, y el avance inmediato en la Asignación de Seguridad Social y el nuevo DFL de Planta. Mientras tanto, el organismo sindical anunció que evaluará nuevas acciones si no hay señales claras de voluntad política para honrar lo pactado.
En un contexto donde la función pública enfrenta desafíos de desgaste y desmotivación, la movilización del IPS resuena como un llamado de atención al Estado: sin trabajadores dignamente reconocidos, no hay Estado de bienestar posible.
