Ignacio Urzúa Villagrán presentó una denuncia por despido injustificado contra el Obispado de San Felipe de Aconcagua, tras haber sido desvinculado sin causa justificada el 20 de octubre de 2025. El denunciante, quien trabajaba como Administrador, sostuvo que su despido fue motivado por un conflicto previo con Gonzalo Bulnes, miembro del Consejo Económico del Obispado. En su demanda, Urzúa también destacó la falta de pago de comisiones pactadas, además de posibles discriminaciones relacionadas con su salud.
En los hechos que desencadenaron la denuncia, Urzúa relató que antes de su despido, tuvo una grave discusión con Gonzalo Bulnes, quien cuestionó públicamente sus capacidades profesionales de manera irrespetuosa. Según el relato, esta falta de respeto no solo fue omitida en las actas de la reunión, sino que Urzúa también exigió su constancia a través de un correo electrónico a los miembros del Consejo, sin recibir respuesta de la institución. Esta situación se sumó a un episodio de salud personal, lo que generó la sospecha de una represalia por su condición.
El despido se produjo de forma abrupta, con una llamada telefónica en la que Gonzalo Bravo Álvarez, Obispo de San Felipe, le comunicó que su desvinculación se debía a una «pérdida de confianza». Sin embargo, no se le proporcionó ninguna justificación concreta ni se invocaron motivos legales para su despido. En cuanto al pago de su finiquito, Urzúa denunció que, tras la firma de la carta de despido, este se retrasó más allá del plazo legal, y se le ofreció un pago en cuotas, una propuesta que fue aceptada bajo la condición de que las sumas fueran reajustadas.
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La denuncia, que fue presentada en noviembre de 2025, también menciona que las comisiones por los proyectos que Urzúa administró nunca fueron pagadas. Esto incluye grandes proyectos como los cementerios de Santa Rosa, Rinconada y Catemu, cuyo monto adeudado asciende a más de 238 millones de pesos. Además, Urzúa dejó claro que reservaba sus derechos para exigir las indemnizaciones correspondientes y el pago de las prestaciones laborales adeudadas. La demanda, que se tramitará en el Juzgado de Letras del Trabajo de San Felipe, subraya las irregularidades legales cometidas por el Obispado de San Felipe en este caso.
