San Felipe, 20 de abril del 2026
DECLARACION PÚBLICA
Las y los trabajadores de la Salud Publica del Servicio de Salud Aconcagua, organizados en la Multigremial, manifestamos nuestra oposición firme y categórica a las medidas de ajuste fiscal instruidas por el Oficio Circular N°12 del Ministerio de Hacienda, del recién instalado gobierno de José Antonio Kast. Estas disposiciones, que se traducen en recortes presupuestarios de carácter permanente para el conjunto del sector público, tienen un efecto directo e inmediato en la red asistencial: debilitan la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud, tensionan los equipos de trabajo y terminan por afectar a quienes más requieren del Estado: las usuarias y los usuarios.
La instrucción de no reponer funcionarios, paralizar nuevas contrataciones, no renovar dotaciones y no reemplazar personal ausente – incluso por motivos de salud – impone una lógica de funcionamiento basada en “hacer más con menos”, que en salud se traduce en listas de espera más extensas, mayores tiempos de atención, sobrecarga en los turnos y un deterioro progresivo de la continuidad de cuidados. Lo advertimos con claridad: cuando se recorta personal y se mantiene (o aumenta) la demanda asistencial, se comprometen la oportunidad, seguridad y calidad de la atención, afectando especialmente a niñas, niños, personas mayores y pacientes con patologías crónicas que requieren seguimiento permanente.
Estas medidas impuestas el día 13 de marzo, a dos días de asumido el gobierno Jose Antonio Kast, constituyen una vulneración a los derechos laborales y una amenaza concreta a condiciones dignas de trabajo. La ausencia de reemplazos y la reducción de dotaciones generan una sobrecarga estructural sostenida, incrementan los riesgos psicosociales y sanitarios, y deterioran la salud laboral de quienes sostienen día a día el funcionamiento de hospitales y centros de atención primaria. No aceptaremos que el “ajuste” se haga a costa de la estabilidad, la seguridad y el bienestar de las y los trabajadores, ni que se normalice la precarización del empleo público como mecanismo de gestión.
A ello se suma la falta de una comunicación y coordinación efectivas: no basta con instancias meramente informativas cuando están en juego la atención de la población y los derechos laborales. Por lo mismo, exigimos la suspensión inmediata de la aplicación de estas medidas; la apertura de un proceso de diálogo real mediante mesas de trabajo con las organizaciones; y la garantía irrestricta de los derechos laborales de las y los trabajadores del Estado. Reiteramos que la salud pública no puede ser tratada como una variable de ajuste: recortar recursos humanos y detener inversiones y programas implica avanzar hacia una reducción estructural del Estado, profundizando desigualdades. Las y los trabajadores de la salud mantendremos una posición unitaria y firme en defensa de una red asistencial fortalecida, condiciones laborales dignas y un Estado al servicio de la comunidad.
Finalmente hacemos un llamado a las y los trabajadores a mantenerse en estado de alerta frente a estas medidas restrictivas que generaran desmedro en la atención de las y los pacientes de la Salud Publica de la Red Asistencial de Aconcagua.
