La Delegación Presidencial Provincial anunció en los últimos días la continuación del plan de desalojo de los terrenos de Esval en la Toma Yevide de San Felipe, adelantando así una intervención masiva que se encontraba programada inicialmente para el año 2027.
Esta nueva fase afectó a más de siete hectáreas donde residían aproximadamente dos mil personas, de las cuales un ochenta por ciento se encontraba en situación migratoria irregular, siendo originarias principalmente de países como Haití, Bolivia, Venezuela y Colombia.
El delegado presidencial Sebastián Caldera detalló el catastro del sector y explicó que no existía una fecha establecida, pues las autoridades se enfocaron en gestionar los recursos necesarios para la compleja logística que requirió el procedimiento de desalojo.
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El asentamiento se convirtió en un grave problema de seguridad pública debido a la ocurrencia de homicidios y fiestas clandestinas, mientras la empresa sanitaria Esval confirmó que trabajó coordinadamente con las autoridades para cumplir la orden judicial.
Esta acción se sumara al desalojo efectuado durante el año 2025 en el lote B de la inmobiliaria San Bartolomé, donde se desocuparon ciento veintiuna viviendas mientras los organismos pertinentes afinaron los últimos detalles operativos.
